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SEGURIDAD NACIONAL VS. DEMOCRACIA SOBERANA
Oscar A. Fernández O.
La Declaración Sobre Seguridad en Las Américas, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2003, creó un nuevo concepto de seguridad hemisférica que amplía la definición tradicional de defensa de la seguridad de los Estados a partir de la incorporación de nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. O sea, casi todos los problemas pueden ser considerados ahora una potencial amenaza a la seguridad (Chiller y Freeman. Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica de la OEA: Una amenaza en potencia.)
Esta nueva concepción de seguridad adoptada por la OEA en 2003, se sustenta en un concepto omnímodo de los conflictos y situaciones irregulares que producen las sociedades con mayor o menor intensidad, en dependencia fundamentalmente de las formas de y capacidades de gobernar. Este concepto multidimensional nos coloca ante un riesgo de aumento de securitización (WOLA 2006) de los problemas regionales que por lo tanto, plantea la necesidad de incrementar la presencia militar (militarización) para enfrentarlos.
Desaparecida la guerra fría y la amenaza soviética, políticos, militares y los diversos intereses que se mueven alrededor del Pentágono enfrentan una nueva situación en términos de amenazas para la seguridad hemisférica: la dificultad para definirlas y asirlas en un contexto bastante difuso, más difuso que cuando se enfrentaban al enemigo soviético y a la insurgencia comunista, a secas. Mientras el Imperialismo habla de una nueva seguridad para fortalecer la democracia y la libertad, otros sectores piensan que el grado de intervención a que está llegando Washington en Colombia es una copia fiel del modelo contrainsurgente utilizado en Centroamérica en los años 80, con matices y adaptaciones para objetivos renovados. Recordemos que América Latina cuenta con un legado histórico de militarización nefasto para nuestros pueblos, en respuesta a conflictos sociales internos, inestabilidad y crimen.
El riesgo de una nueva militarización se debe a cuatro factores principales:
I. La tendencia histórica de intervención política de las fuerzas armadas durante la vigencia de regímenes autoritarios o en el contexto de conflictos armados o inestabilidad social.
II. La “guerra” de EE. UU contra las drogas, que promueve un rol más amplio de las fuerzas armadas en el cumplimiento de la ley.
III. Las crisis de los sistemas de seguridad pública que padecen la mayoría de los países de la región.
IV. La guerra contra el terrorismo” y los regímenes antiimperialistas lanzada por Estados Unidos, que promueve una definición expansiva y nebulosa del terrorismo y el populismo, y por ende, aumenta la responsabilidad de las fuerzas militares en combatirlos en cualquier forma que se exprese.
El incremento de las tasas de criminalidad en los países— los graves problemas de desigualdad que no han sido resueltos por las reformas económicas promovidas por el Consenso de Washington y la corrupción e impunidad del sistema generan una fuerte demanda social de respuestas eficaces que garanticen niveles tolerables de seguridad y resuelvan el alto grado de conflictividad social. Ante la carencia de políticas de seguridad pública democráticas y eficientes que puedan satisfacer estas demandas, muchos gobiernos han optado por la intervención de las fuerzas armadas.
Es una solución ilusoria que no sólo ha fallado sino que contiene una serie de consecuencias negativas para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región. La “guerra contra el terrorismo y las democracias populares” en América Latina, por ejemplo, ha tenido impactos tanto directos como difusos. Respecto al impacto directo, este puede rastrearse en el cambio tanto del diseño como la aplicación de políticas nacionales para responder a amenazas a la seguridad—o a otros bienes del Estado. Colombia es el exponente más claro de este fenómeno. A pesar de que la realidad muestra la existencia de un conflicto armado interno con más de 40 años de vigencia cuya característica principal es la existencia de grupos alzados en armas, el gobierno actual ha adoptado como política reducirlo a un problema de terrorismo, totalmente sumiso a la política Imperialista.
La falta de una política estatal de seguridad pública que fortalezca el Estado democrático de Derecho y que responda al incremento de las tasas de criminalidad, también ha influido para que esto suceda. “La militarización de la seguridad pública, así como la respuesta militarizada que se dio a los conflictos sociales, correspondió con el incremento dramático de violaciones contra los derechos humanos” (Juan Ramón Quintana, Bolivia: Militares y Policías: Fuego cruzado en democracia)
En su testimonio ante el Congreso estadounidense en abril del 2004 el entonces jefe del Comando Sur, el General James Hill, planteó que las principales nuevas amenazas que confronta la región son problemáticas de distinta naturaleza como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, las pandillas y las actividades de los movimientos sociales populistas.
A estos últimos los denominó “radicalismos populares”, individualizando particularmente al movimiento liderado por Evo Morales en Bolivia. Al hablar de los mecanismos para confrontar estas nuevas amenazas, en particular las pandillas callejeras, el General Hill sostuvo que para muchos países de América Latina era difícil y complejo responder a estos grupos ya que se ubican precisamente en la línea divisoria entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y las operaciones militares. (General James T. Hill. Posture Statement)
Como corolario de este peligroso panorama de militarización en el subcontinente, se ha constituido el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation que asumirá las viejas funciones de la Escuela de Las Américas, para incrementar la presencia militar frente a, según Washington, “la amenaza” de las victorias izquierdistas en la región (AFP, 11 de noviembre de 2006)
Las declaraciones de personajes, sucesos y otras citas con fecha que aparecen en
el presente artículo, son las últimas que han marcado una pauta en el comportamiento y desarrollo de esta nueva estrategia de baja intensidad militar.
El día de hoy aparte de las declaraciones de la Administración Obama, el
Pentágono y la CIA siguen actuando al margen de lo que aparenta ser una nueva
y civilizada política exterior hacia América Latina. Honduras con un golpe de Estado y represión brutal; México, un estado fallido con un ejército haciendo la guerra a lo largo y ancho del territorio, infiltrado por el narcotráfico y Colombia con sus cuatro bases militares norteamericanas, conspirando contra sus vecinos, son una prueba contundente como hemos ya dicho en anteriores análisis.
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SEGURIDAD NACIONAL VS. DEMOCRACIA SOBERANA
Oscar A. Fernández O.
La Declaración Sobre Seguridad en Las Américas, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2003, creó un nuevo concepto de seguridad hemisférica que amplía la definición tradicional de defensa de la seguridad de los Estados a partir de la incorporación de nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. O sea, casi todos los problemas pueden ser considerados ahora una potencial amenaza a la seguridad (Chiller y Freeman. Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica de la OEA: Una amenaza en potencia.)
Esta nueva concepción de seguridad adoptada por la OEA en 2003, se sustenta en un concepto omnímodo de los conflictos y situaciones irregulares que producen las sociedades con mayor o menor intensidad, en dependencia fundamentalmente de las formas de y capacidades de gobernar. Este concepto multidimensional nos coloca ante un riesgo de aumento de securitización (WOLA 2006) de los problemas regionales que por lo tanto, plantea la necesidad de incrementar la presencia militar (militarización) para enfrentarlos.
Desaparecida la guerra fría y la amenaza soviética, políticos, militares y los diversos intereses que se mueven alrededor del Pentágono enfrentan una nueva situación en términos de amenazas para la seguridad hemisférica: la dificultad para definirlas y asirlas en un contexto bastante difuso, más difuso que cuando se enfrentaban al enemigo soviético y a la insurgencia comunista, a secas. Mientras el Imperialismo habla de una nueva seguridad para fortalecer la democracia y la libertad, otros sectores piensan que el grado de intervención a que está llegando Washington en Colombia es una copia fiel del modelo contrainsurgente utilizado en Centroamérica en los años 80, con matices y adaptaciones para objetivos renovados. Recordemos que América Latina cuenta con un legado histórico de militarización nefasto para nuestros pueblos, en respuesta a conflictos sociales internos, inestabilidad y crimen.
El riesgo de una nueva militarización se debe a cuatro factores principales:
I. La tendencia histórica de intervención política de las fuerzas armadas durante la vigencia de regímenes autoritarios o en el contexto de conflictos armados o inestabilidad social.
II. La “guerra” de EE. UU contra las drogas, que promueve un rol más amplio de las fuerzas armadas en el cumplimiento de la ley.
III. Las crisis de los sistemas de seguridad pública que padecen la mayoría de los países de la región.
IV. La guerra contra el terrorismo” y los regímenes antiimperialistas lanzada por Estados Unidos, que promueve una definición expansiva y nebulosa del terrorismo y el populismo, y por ende, aumenta la responsabilidad de las fuerzas militares en combatirlos en cualquier forma que se exprese.
El incremento de las tasas de criminalidad en los países— los graves problemas de desigualdad que no han sido resueltos por las reformas económicas promovidas por el Consenso de Washington y la corrupción e impunidad del sistema generan una fuerte demanda social de respuestas eficaces que garanticen niveles tolerables de seguridad y resuelvan el alto grado de conflictividad social. Ante la carencia de políticas de seguridad pública democráticas y eficientes que puedan satisfacer estas demandas, muchos gobiernos han optado por la intervención de las fuerzas armadas.
Es una solución ilusoria que no sólo ha fallado sino que contiene una serie de consecuencias negativas para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región. La “guerra contra el terrorismo y las democracias populares” en América Latina, por ejemplo, ha tenido impactos tanto directos como difusos. Respecto al impacto directo, este puede rastrearse en el cambio tanto del diseño como la aplicación de políticas nacionales para responder a amenazas a la seguridad—o a otros bienes del Estado. Colombia es el exponente más claro de este fenómeno. A pesar de que la realidad muestra la existencia de un conflicto armado interno con más de 40 años de vigencia cuya característica principal es la existencia de grupos alzados en armas, el gobierno actual ha adoptado como política reducirlo a un problema de terrorismo, totalmente sumiso a la política Imperialista.
La falta de una política estatal de seguridad pública que fortalezca el Estado democrático de Derecho y que responda al incremento de las tasas de criminalidad, también ha influido para que esto suceda. “La militarización de la seguridad pública, así como la respuesta militarizada que se dio a los conflictos sociales, correspondió con el incremento dramático de violaciones contra los derechos humanos” (Juan Ramón Quintana, Bolivia: Militares y Policías: Fuego cruzado en democracia)
En su testimonio ante el Congreso estadounidense en abril del 2004 el entonces jefe del Comando Sur, el General James Hill, planteó que las principales nuevas amenazas que confronta la región son problemáticas de distinta naturaleza como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, las pandillas y las actividades de los movimientos sociales populistas.
A estos últimos los denominó “radicalismos populares”, individualizando particularmente al movimiento liderado por Evo Morales en Bolivia. Al hablar de los mecanismos para confrontar estas nuevas amenazas, en particular las pandillas callejeras, el General Hill sostuvo que para muchos países de América Latina era difícil y complejo responder a estos grupos ya que se ubican precisamente en la línea divisoria entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y las operaciones militares. (General James T. Hill. Posture Statement)
Como corolario de este peligroso panorama de militarización en el subcontinente, se ha constituido el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation que asumirá las viejas funciones de la Escuela de Las Américas, para incrementar la presencia militar frente a, según Washington, “la amenaza” de las victorias izquierdistas en la región (AFP, 11 de noviembre de 2006)
Las declaraciones de personajes, sucesos y otras citas con fecha que aparecen en
el presente artículo, son las últimas que han marcado una pauta en el comportamiento y desarrollo de esta nueva estrategia de baja intensidad militar.
El día de hoy aparte de las declaraciones de la Administración Obama, el
Pentágono y la CIA siguen actuando al margen de lo que aparenta ser una nueva
y civilizada política exterior hacia América Latina. Honduras con un golpe de Estado y represión brutal; México, un estado fallido con un ejército haciendo la guerra a lo largo y ancho del territorio, infiltrado por el narcotráfico y Colombia con sus cuatro bases militares norteamericanas, conspirando contra sus vecinos, son una prueba contundente como hemos ya dicho en anteriores análisis.
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