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Las negrillas, sangrías y separación de algunos párrafos son nuestros para efectos de estudio.
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LA MISERIA DEL CONSTITUCIONALISMO BURGUÉS
(Postalita a la ANEP)
Oscar A. Fernández O.
El Estado de Derecho excede un simple conjunto de normas constitucionales y legales, pues involucra a todos los ciudadanos, no sólo a diputados que legislan, al orden legal o a políticos que gobiernan, sostenemos en reciente ensayo publicado sobre un análisis crítico del Estado de Derecho burgués.
La existencia de un verdadero Estado de Derecho (Rechtsstaat: I. Kant) se mide en el funcionamiento de las instituciones y en la praxis política cotidiana.
El Estado de Derecho suministra la libertad para el libre juego de pensamiento y acciones y debe permitir las modificaciones y cambios que el proceso social requiera.
El Estado de Derecho excede el campo de lo jurídico para tocar el terreno de la política y la ética, pues existen derechos naturales de las personas, que son inalienables.
Es indiscutible, entonces, la relación entre derecho y política. El derecho debería de emanar de la voluntad de los pueblos no de una élite económica, así el Estado estaría realmente limitado en su acción, por los derechos que esa voluntad encarna. El logro del bien común es el objetivo genérico del derecho. Si bien la democracia es una forma jurídica específica no puede limitarse a garantizar la alternancia en el poder de las diversas expresiones políticas, sino que debe avanzar en la institucionalización de principios y valores de justicia social distributiva. (Gracia, Jordi. 1990)
El derecho, para decirlo claramente, es un fenómeno politizado (es decir, de naturaleza política) pues dependerá del consenso alcanzado de forma democrática, aunque la formalidad de la democracia no proporciona automáticamente, un verdadero Estado de Derecho.
En otras palabras los derechos sociales deberían ser incorporados a los fundamentos del orden estatal mismo. Por lo que debemos aspirar a un Estado Social de Derecho y es lo que la radicalización de la democracia en este siglo XXI, debe profundizar, permitiendo que se plasmen en las conductas políticas democráticas de todos los días, la mutabilidad, el conflicto y los desafíos relativos al bien común. Para ello han de crearse canales donde fluyan las voluntades y se encaucen los procesos de desarrollo de las personas que constituyen todo el entramado democrático. Se requiere, pues, de una cultura política de la legalidad vista como la convicción de que no basta la existencia de un Estado de Derecho para que pueda hablarse de una sociedad justa, pues la justicia sólo se alcanza en un Estado Social de Derecho. Al igual que debemos entender que es en la democracia directa, donde se puede proceder a distribuir la riqueza social.
La democracia está hecha de los materiales sociales que componen la sociedad llamada democrática.
Las normas jurídicas no son legítimas sólo por su origen, fundamentalmente lo deben ser por sus efectos.
El asunto es, pues, el papel del derecho (Rule of law) en la fundación y regulación de la democracia. La Constitución es teóricamente, el consenso sobre una concepción de la vida colectiva, es la norma que rige el contrato social. En nuestra sociedad no existe un compromiso hacia las reglas del juego democrático encarnado en el derecho, porque el pueblo no es el creador de su propio contrato social, que dio lugar a una forma de Estado, ya que este papel fue suplantado de facto por una oligarquía semi-feudal y prosaica, que fundó y ha manipulado al Estado a su antojo y conveniencia, hasta hoy que ha perdido poder de influencia y recurre a la sedición. El Estado Social de Derecho implica principios éticos, jurídicos y políticos que deben tener eco en las decisiones judiciales que fomenten el respeto a las reglas fundamentales de un juego social pactado de manera plural y equitativa, que no es el caso de El Salvador.
Las crisis sistémicas del capitalismo son violentas y depredadoras; tienden al exterminio de la humanidad cuando se redoblan las contradicciones que producen y reproducen al capitalismo, como la exclusión social, el desempleo, el armamentismo, el narcotráfico, el parasitismo financiero, la corrupción, la prostitución, la degradación ambiental, las nuevas formas de colonización, el genocidio, las guerras químico bacteriológicas, incluida la nuclear, el control mediático, la enajenación y los sórdidos procesos de cosificación humana;
pero las crisis y las ofensivas también abren la posibilidad de la revolución anticapitalista
, porque la burguesía trasnacional no únicamente ha creado las armas que le darán muerte sino también a los hombres que encabezarán las luchas de liberación. El capitalismo mundial se asemeja hoy al aprendiz de brujo que no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desatado con sus conjuros. (El manifiesto comunista: 1848) –Tomado de Valqui y Pastor Bazán: 2009-
Esta crisis del capitalismo mundial, como la que estremece sus cimientos en el Siglo XXI, está a la orden del día, cuestiona y reestructura relaciones; exacerba las violencias inherentes al capital y pone al desnudo su naturaleza antihumana. La crisis también destruye grandes fuerzas productivas, los equilibrios entre los hombres, la naturaleza y sus riquezas ambientales. Marx visionariamente advirtió: “La producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de la producción, sin socavar, al mismo tiempo, los dos manantiales de toda riqueza: La tierra y el trabajo” (Grundrisse. Crítica a la economía política: 1858)
En consecuencia, las relaciones jurídicas en una sociedad de clases como la capitalista, giran principalmente alrededor de las relaciones de producción y de la propiedad privada, de las que no se pueden apartar. Así como el Estado es en esencia la forma bajo la cual la clase dominante ejerce y defiende sus intereses,
el Derecho que la legaliza bajo cualquier matiz refinado de los teóricos del Derecho abstracto, es en principio la voluntad de la clase dominante erigida en ley,
mas no la voluntad de las comunidades humanas, a quienes les resulta sólo una ilusión.
La historia y la vida de los pueblos están plagadas de montañas de injusticias, impunidades y falsedades que el mercantilismo jurídico se encarga de mitificar y validar.
Ya en la Grecia esclavista, escribe E. Bodenheimer, en su Teoría del Derecho, que el sofista Trasímaco, enseñaba que las leyes las creaban los hombres que se encontraban en el poder, para su propio beneficio, y que la justicia no era más que lo que conviene el más fuerte en la sociedad. (Valqui y Pastor Bazan. Op. Cit.)
Como se advierte, el orden legal no es creador, sino la creación es el orden económico. Enfoque epistémico y hecho histórico que Marx subraya al destacar: “(…) la ilusión jurídica, no concibe la ley como producto de las relaciones materiales de producción, sino que, a la inversa, ve en las relaciones de producción el fruto de la ley. Linguet arrojó por la borda, con un par de palabras, el quimérico Espíritu de las Leyes de Montesquieu. “L'esprit des lois, c'est la proprieté (El espíritu de las leyes es la propiedad).” (El Capital: 1848)
Con esto, Marx destacaba el papel y carácter de clase del derecho en la sociedad y las relaciones de clase, basadas en la propiedad privada. Esta postura crítica contrasta con el predominio de las ideologías del Derecho puro, formal, ahistórico, libre de “acrecencias meta-jurídicas”, como lo postula Hans Kelsen; es decir, convertido en un “Algebra”, en la cabeza y la acción del hombre de la calle y de los especialistas del Derecho.
En el campo del régimen legal, nuestro pensamiento se limita a confirmar una ideología del establishment que respalda el orden social y económico vigente (statu quo)
Por eso, mientras no se comprenda la naturaleza del derecho en la sociedad capitalista neoliberal, seguiremos sujetos a una realidad opresiva.
De lo señalado diremos entonces, que, se necesita una filosofía crítica-marxista del orden legal imperante, que permita encarar y procurar el logro de una nueva realidad.
Únicamente con una comprensión real del significado del orden legal, a través de una Teoría crítica dialéctica e histórica, será posible superar el presente y crear una existencia alternativa al orden imperante de los grandes capitalistas, por cuanto, el objeto final de una filosofía crítica del orden legal, es la liberación que se logrará a través de una crítica de una acción revolucionarias de los seres humanos, permitiéndonos salir de esta manera de la ideología burguesa y de sus condicionantes.
En El Salvador impera un capitalismo selectivo en donde no hay una economía abierta a los más pobres que son la mayoría, sino abierta a la globalización y a la especulación del capital transnacional, esto se explica debido a que existe una mala e injusta distribución de la riqueza social, de la renta nacional per cápita y tiene como complemento un alto índice de desempleo y más del 40% de subempleo o empleo informal. Con la desregulación del trabajo laboral se ha intensificado la explotación del trabajo sobre todo juvenil, incrementando la pobreza, la desocupación y la exclusión social, favoreciéndose a los grandes señores capitalistas.
A pesar de el progreso tan acelerado, desde mediados del siglo XIX la sociedad capitalista y el Estado liberal encuentran un límite, que se manifiesta en una crisis compuesta: 1. Sobreproducción y recesiones agudas; 2. Crisis de legitimidad política, contradicción de los mecanismos oligárquicos de representación con los principios de libertad e igualdad y la inadecuación de políticas económicas para resolver los problemas de las clases populares.
En nuestra realidad se ha demostrado en los hechos que el neoliberalismo como respuesta a la crisis de desarrollo, no sólo ha sido incapaz de resolver las necesidades básicas de la población como: salud, educación, trabajo, etc., sino que por el contrario ha agudizado las enormes diferencias existentes en nuestra sociedad actual, haciendo más pobres a los pobres y enriqueciendo más a los ricos todo por su afán de acumular más riqueza. Es un modelo basado en la violencia, que por lógica engendra violencia y apunta al rompimiento de un contrato social que quizás nunca ha pasado de una categoría teórica.
Comprender que el sistema legal no está al servicio de la mayoría de la población nacional, sino de los intereses de la clase dominante, es el punto de partida de una comprensión reflexiva, crítica y radical del derecho en la sociedad capitalista neoliberal. "La clase dominante logra mediante su empleo del sistema legal preservar un orden interior que permite a los intereses económicos dominantes conservarse y promoverse. La clase dominante sin embargo, no ejerce el control directo del sistema legal, sino que debe operarlo a través de los mecanismos del Estado". (Elena Larrauri: 1998)
La crisis del Estado-nación, a la cual asistimos hoy, es un fenómeno relativamente reciente cuya aceleración aumenta a medida que las condiciones que la provocaron se agudizan. En la raíz de este fenómeno se hallan las perturbaciones que afectaron al mundo a partir de los años setenta y las relaciones de fuerzas que fueron conformándose en las esferas del poder y de la ideología. Estas transformaciones desencadenaron un proceso de paralización del Estado de Bienestar en el mundo occidental mientras que la internacionalización del capital comenzaba a afectar en su raíz el asentamiento histórico del Estado-nación.
Esta ofensiva, que impugna el papel del Estado en todas sus dimensiones, socava los fundamentos políticos, sociales y culturales del Estado-nación. En este contexto de destrucción del Estado, hoy la oligarquía salvadoreña y sus clubes exclusivos de políticos, buhoneros y académicos perfumados (ANEP-ARENA) gritan desaforadamente que se está violando la soberanía, cuando ellos la entregaron hace tiempo a los intereses foráneos.
Por ello, como dice Norberto Bobbio: “La relación entre derecho y política se hace tan estrecha, que el derecho se considera como el principal instrumento mediante el cual las fuerzas políticas que detentan el poder dominante en una determinada sociedad ejercen su dominio”. En este sentido, la relación entre derecho y política es vital para comprender los distintos modelos jurídicos y la lógica de sus transformaciones.
Si se quiere eliminar el control de los poderes de facto, la explotación y la opresión de nuestra realidad, debemos reflexionar críticamente y en forma activa acerca de nuestras propias opiniones y prácticas cotidianas, comprendiendo dialéctica e históricamente la cosmovisión del mundo que nos rodea. Marx, precisa que: "No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia". (Marx, C. Contribución a la crítica de la Economía Política)
Los razonamientos del llamado pensamiento único, traducidos en la ansiedad del hombre moderno, se manifiestan en orden al derecho.
La demanda de soluciones rápidas y eficientes, o, lo que es peligroso, eficientes porque son rápidas, ha repercutido en él, obviando casi siempre, en nombre de esta supuesta eficiencia, los derechos y libertades de los ciudadanos.
En tal sentido, debemos entender que cualquier posibilidad de una vida distinta resultará únicamente de nuevas ideas que se formen cuando modificamos nuestra concepción de la realidad y de nuestro modo de vida, siendo necesario para ello un nuevo punto de partida intelectual, ético y político, comprendiendo que son los pueblos quienes hacen su historia por su mano, de acuerdo a su voluntad, que es la expresión de sus ideas (ideología), las que proceden de sus condiciones de existencia material, de su pertenencia a una clase. Estamos obligados, si nuestro objetivo es liberarnos, a crear pensamiento alternativo, coherente y correspondiente con la época histórica que nos ha tocado vivir. Construyamos la democracia de los pueblos, repensando un Estado fundado en el Derecho de los seres humanos, porque en El Salvador el Estado de derecho jamás existió.
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