Acción Social y Seguridad Pública

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Los subrayados, negrillas, sangrías y separación de algunos párrafos son para efectos de estudio. Los planteamientos son responsabilidad del autor.

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Tenemos que hacer planes para la libertad, y no sólo para la seguridad, por la única razón de que sólo la libertad puede hacer segura la seguridad. Karl Popper.

LA SEGURIDAD PÚBLICA: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Oscar A. Fernández O.
Diciembre de 2012

 

La posmodernidad, como fundamento ideológico del neoliberalismo, está caracterizada por una total ausencia de libertad, los derechos y libertades fundamentales fueron institucionalizados por la sociedad, perdieron su contenido y su capacidad con que se realiza. Las personas están sometidas al sistema y no hay forma en la que puedan salir de él. El sistema controla todo, hasta las satisfacciones humanas, los gustos y las necesidades están preestablecidos. Una sociedad organizada que priva a la independencia de pensamiento, a la autonomía y al derecho de oposición política de su función critica básica. El ser humano se ha vuelto la cosa más descartable del mundo.

 

Vivimos en la sociedad de la incertidumbre, marcada por la vulnerabilidad, el miedo y la incapacidad de establecer certezas que permitan comprender al mundo y al mismo tiempo, limitan las posibilidades de definir vectores de transformación social y política. Enfrentamos la pretensión hegemónica de un modelo que se niega a sí mismo como modelo y de una ideología que se niega a sí misma como tal, lo que evidencia el trasfondo totalitario de ésta.

 

Una mirada sociopolítica sobre el fenómeno de la violencia, requiere reparar en que las conductas delictivas no son sólo conductas individuales, sino que sus escenarios, involucrados y contexto se refieren a fenómenos de carácter social. 

 

El modelo neoliberal es un todo articulado, y más que un modelo económico, es un discurso civilizatorio, que pretende destruir la historia de los pueblos, para sembrar nuevos valores sustentados en el consumismo y el nihilismo. Entre sus múltiples vertientes de análisis, una viable es la concepción sobre ser humano, concebido como ser aislado, fragmentado, socialmente débil ante la superestructura, ya que su participación queda restringida a cuestiones formales con escaso poder social real o de veto. Por lo tanto, es posible pensar que en este modelo que mantiene la desarticulación de las redes de afecto y solidaridad, la inseguridad ciudadana es constitutiva del sistema. Y en este sentido, a la derecha le resulta fácil y provechoso introducir la variable inseguridad como escenario de lucha, hoy contra el gobierno actual.

 

Desde tiempos inmemoriales, la sociedad ha venido construyendo los prototipos del concepto de seguridad ligándolos en forma ineludible, con convenciones tradicionales de control social como represión policial y castigo penal. En función de ello, y a partir del crecimiento de la sensación de inseguridad de la comunidad, producto de la inadecuada mediatización de los fenómenos de violencia, se desarrolló la idea de que la solución radicaba en el aumento del número de policías y en el “endurecimiento” de las penas que impone el sistema.

 

El mundo discute hoy, más que nunca, sobre el significado de la seguridad y acerca de las políticas que pueden hacer un ámbito con sociedades más seguras, incluyendo los factores que causan inquietud, temor e inseguridad a la gente y a los países. Considerar las diferentes violencias urbanas como abuso de poder nos permite, quizá, tener una mirada diferente de los protagonistas del problema y de las políticas de seguridad en la ciudad. El riesgo que se pone en juego cuando se habla de seguridad, es que se pueda confundir la democracia con sentimientos de peligro, de miedo y de urgencia.

 

Es necesario, substituir el punto de vista clásico para pensar en la seguridad de los ciudadanos y rechazar la lógica con la cual ha sido comprendida hasta el momento por amplios sectores. Un análisis del problema de la violencia delictiva e institucional desde la óptica de los derechos y la igualdad, demanda el reconocimiento de que éstas no sólo afectan la potestad de los ciudadanos a la no interferencia, sino que también involucran cuestiones básicas de la convivencia social y de la confianza de las personas en las instituciones. Es preciso que los objetivos y las propuestas sean consistentes con esta descripción y no la restrinjan a una mera declaración de principios. (Claudia Laub: 2007).

 

La gran diferencia entre ésta y la conceptualización tradicional primeramente mencionada, radica en que ese sistema represivo que la integra, opera sobre las personas aumentando su victimización y con ello la posibilidad de ruptura social, cuando

la realidad ya nos demanda la construcción de un nuevo modelo de gestión, donde la comunidad en su conjunto participe en el diseño de los proyectos y actividades que impulsen el mejoramiento de la calidad de vida, lo cual se sostenga y desarrolle por la acción coordinada de las distintas áreas gubernamentales. Este modelo no riñe con el de la persecución del delito una vez se haya cometido, lo cual implica además profesionalizar con mayor complejidad y profundidad a la policía y los fiscales en la averiguación e investigación científica del delito. En distintas naciones ha quedado demostrado que la prevención en la comunidad ha dado resultados contundentes en la medición de los índices de violencia.

El fortalecimiento de las redes comunitarias para la prevención, garantiza una adecuada atención de las personas y grupos sociales más vulnerables, y con ello una disminución de los factores de riesgo social que inciden sobre las condiciones que favorecen los comportamientos antisociales.

 

Tampoco se trata de implantar parámetros moralistas y religiosos fundamentalistas, que en las comunidades traten de imponer otro peligro: quienes son buenos y quienes malos, quienes son “normales” y quienes “anormales”, por ejemplo la marginación y en casos extremos odio, contra las prostitutas, los homosexuales, los “tatuados” y los jóvenes, que no necesariamente violan la ley. Se trata de construir paso a paso una cultura en la que no prime el recelo, entendiendo que existen las diferencias y que dentro de éstas, todos somos iguales ante la sociedad y la justicia.

 

Insistimos, para que no se enreden los de siempre, que lo expresado hasta aquí, no excluye la insoslayable responsabilidad del Estado en lo que hace a la conjura temprana del delito y represión del mismo, como actividades a realizar en forma excluyente por la Institución Policial.

En este sentido, y frente a la aún manifiesta debilidad y falta de idoneidad para gobernar aspectos estratégicos como la Seguridad pública en América Latina, las izquierdas no podemos enfrentar los problemas de seguridad con la misma óptica que las derechas, ni ceder a la tentación de ofrecer iguales soluciones sugiriendo que la diferencia es sólo que "nosotros lo haríamos mejor". No debe caer en la trampa, para evitar que se le acuse de débil o tolerante, de las manidas recetas de mano dura, "tolerancia cero", más policía, más prisiones, mayores penas y de criminalizar la pobreza.

Sin menoscabo del estudio puntual de estas medidas, debemos plantearnos la cuestión cualitativa: mejor policía, mejores centros de readaptación, penas o medidas sustitutivas más eficaces y reeducación de los infractores, creando medidas materiales que permitan su incorporación productiva a la sociedad. Debe explicarse sin ambages, que una mayor seguridad no se consigue sólo con la aplicación del Derecho Penal y la represión, sino principalmente desde la prevención, desde el abordaje de las causas y no sólo de los efectos.

 

Presumiendo que sigue vigente la dicotomía sobre la naturaleza del ser humano formulada por Hobbes y Rousseau: un lobo cuyos feroces instintos han de ser reprimidos sin piedad o un buen salvaje que si hace el mal es por ignorancia o por culpa de las estructuras sociales, y aunque la realidad no encaja en esquemas tan simples, la derecha suele ser más hobbesiana y la izquierda más rousseauniana, como hemos demostrado antes. No quiere ello decir, que la izquierda no acepte el castigo en algunos casos, o que la derecha rechace toda reforma social. Pero no pueden ponerse el énfasis en los mismos temas, simplemente porque vemos el mundo desde ópticas e intereses distintos.

 

Las izquierdas deben reivindicar que la sociedad segura no es la que más castiga y denunciar cómo se manipulan los indicadores sobre seguridad y eficacia policial.

 

Una política de seguridad no es más eficaz sólo por sumar más policías en la calle, detenciones, procesos y reclusos en las cárceles, como se nos vende tan a menudo.

 

Tampoco por rebajar el número de denuncias (hay formas de desanimar a las víctimas).

 

La eficacia se debe medir en el descenso de los delitos cometidos, de las víctimas y de los daños, y sobre todo de la sensación de inseguridad. Sin embargo y a pesar de los intentos honestos de cambiar de concepción y estrategias, podemos constatar que, producto de las “redadas” que autorizan algunas leyes contradictorias como la llamada Ley Anti-Pandillas, los juzgados “especiales” están colapsando ante la cantidad de juicios que deben procesar, mientras los centros penales o de detención, son ya una historia explosiva desde hace ratos.

 

El sistema policial debe afrontar el reto de actuar en lo global y en lo local. Sin un proceso decidido de descentralización (transferencia de recursos y autoridad a los municipios urbanos y rurales) impulsando la actuación de las Delegaciones de policía departamentales y municipales, como la auténtica policía próxima tanto a nivel preventivo como de investigación de la delincuencia llamada común, contra las personas y la propiedad, difícilmente se va a poder actuar con energía contra ésta. 

 

Sin la reorganización de la policía nacional civil, con un sistema ágil y profesional descentralizado, con una cultura civil, que permita que el sin fin de conflictos sociales que no llegan a delitos, sean solucionados desde la comunidad y ésta juegue un papel determinante en la prevención temprana del delito, no podrán ser abordadas correctamente estas cuestiones.

 

La PNC debe apuntar a la especialización en la persecución de la delincuencia organizada en redes internacionales, nacionales y en servicios comunitarios.

 

Ya han pasado veinte años de su fundación y la realidad es totalmente distinta, más compleja, por lo que la Policía Nacional Civil debe ser sometida a un examen sociopolítico profundo y reestructurarla de acuerdo a la calidad y cantidad de la demanda social, que va más allá del delito mismo.

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