Conflicto social, castigo y orden de clase.

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Las negrillas son para efectos de estudio.

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Conflicto social, castigo y orden de clase. 

Il diritto dei poveri è solo piangendo. “Proverbio Italiano”. 

Oscar A. Fernández O. 

A menudo se habla de crisis del Derecho Penal, no obstante, la convicción errónea de que puede solucionar los problemas de la sociedad aún está muy arraigada, especialmente en el pensamiento más conservador. Teóricamente, el Derecho Penal Moderno está presidido por el principio de intervención mínima, la última ratio y el de subsidiariedad.

El Derecho Penal en sí mismo constituye una respuesta tardía y deficiente al fenómeno de la delincuencia, puede aceptarse su aplicación solo cuando sea inexcusable como manifestación de una justificada protección personal y social, por ello consideramos que en la búsqueda de soluciones viables y efectivas en la lucha contra la criminalidad se transita por el reconocimiento de que la respuesta penal no puede valorarse como la única, ni como la alternativa de mayor peso en el enfrentamiento al fenómeno. El Derecho Penal constituye solo una parte del sistema regulador de la delincuencia, es el último recurso controlador de la sociedad. 

La ficticia contradicción prevención - represión, no es el fracaso del sistema penal que confía más en la represión, sino las groseras contradicciones y desigualdades que presenta nuestra sociedad, exacerbadas por una estrategia capitalista extremista que descarta el bienestar social, aumenta la exclusión y potencia la concentración de la riqueza. La policía no es un hecho metafísico, sino que político; no es una institución simplemente del Estado, sino siempre de un determinado Estado. 

En el campo del régimen legal, nuestro pensamiento se limita a confirmar una ideología del Establishment que respalda el orden social y económico vigente (statu quo) Mientras no se comprenda la naturaleza del derecho en la sociedad capitalista neoliberal, seguiremos sujetos a una realidad opresiva. De lo señalado diremos entonces, que, se necesita una filosofía crítica-marxista del orden legal imperante, que permita encarar y procurar el logro de una nueva realidad. 

La problemática de la criminalidad es un asunto complejo, que debe ser abordado de manera sistemática y multifactorial, hemos insistido en ello. El cumplimiento de este objetivo está condicionado a la sensatez de las soluciones propuestas desde la política criminal estatal. Contario sensu el problema se agravará, pasando de formas simples a más complejas, pues sus efectos se acumulan y se convierten en causas. 

El origen del delito es de carácter estructural, es inmanente al tipo de relaciones de propiedad, de producción y de intercambio que se dan dentro de ella. La reproducción del capitalismo se presenta no sólo como producción y distribución de mercancías, también como reproducción de individuos carentes de medios de subsistencia que se ven obligados a venderse al capitalista (y esto es necesario para la preservación del sistema) pero como no todos logran incorporarse al sistema productivo –ya que este es incapaz de absorberlos en su totalidad-, se origina una “masa” de desposeídos (ejército de reserva los llamaba Marx) que no pueden garantizar en absoluto su existencia; esta “masa” privada de todo medio de subsistencia se ve empujada a saciar sus necesidades básicas de manera instintiva e inmediata; ya no se le presentan opciones entre lo correcto o no, lo deseable o no; ahora es un asunto de perentoria supervivencia del individuo, del marginado, del execrado del disfrute de la riqueza que produce la propiedad privada, obligándose a esa “masa” a delinquir. 

Es lamentable que proyectadas políticas progresistas y civilizatorias, en materia de seguridad pública, sean víctimas de un cuestionamiento superfluo y dogmático, y reorientadas a la utilización del derecho represivo para responder los múltiples conflictos sociales. Los legisladores no deberían continuar pensando la función policial como exclusivamente represora del crimen y a la policía como una agencia estatal destinada sólo a la ejecución de la norma penal. 

No obstante lo alentador que resulta la llamada tregua de las pandillas, sobretodo en la disminución de los homicidios, el debate no ha perdido actualidad. Por el contrario, todos los días seguimos encontrándonos con sectores del poder político, que pretenden echar mano al derecho penal para “solucionar” conflictos. También desde otro ángulo, seguimos encontrando justificaciones doctrinarias de esas prácticas, plagadas de un positivismo a ultranza. De ahí la insistencia por nuestra parte de seguir investigando, acerca de los verdaderos límites del poder punitivo del Estado. 

El escepticismo y la suspicacia de la población respecto a la efectividad de la protección legal en nuestro país, no carece de justificación. Esto ocurre porque la concepción del derecho ha cambiado y la ley no ofrece garantías ni se demuestra efectiva para todos. Lo cual se ha convertido en una “razón de peso” para los que detentan el poder, para argumentar que la ley de la sociedad debe ser suplantada por la ley del mercado, es decir, la ley de los iguales por la ley de los desiguales, dónde unos pocos controlan el poder y otros muchos sufren las brutales consecuencias de este abuso. 

Por ello como dice Norberto Bobbio: “La relación entre derecho y política se hace tan estrecha, que el derecho se considera como el principal instrumento mediante el cual las fuerzas políticas que detentan el poder dominante en una determinada sociedad ejercen su dominio”. En este sentido, la relación entre derecho y política es vital para comprender los distintos modelos jurídicos y la lógica de sus transformaciones 

Si la nueva realidad nos demanda construir un Estado democrático dónde el Derecho no sólo sea norma sino un límite del poder y la característica sea virtud y sabiduría para gobernar respetando las libertades, no nos escudemos culpando al Derecho de nuestra incapacidad de entender la democracia, porque en el principio de este mito se encuentra la mentira que justifica al fascismo. Nos encontramos frente a una criminalización primaria tan ilusa, simplista y demagógica, que echa mano de la pena para solucionar problemas que deben ser resueltos en otro plano, todo en nombre del orden de clase. 

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