Violencia Criminal

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Las negrillas son para efectos de estudio.

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ESTADO, SOCIEDAD Y VIOLENCIA CRIMINAL

Oscar A. Fernández O.

Sin atacar los factores que construyen el contexto y la base para la violencia y el crimen no se lograrán progresos en el desarrollo de los seres humanos en nuestras sociedades. 

La inseguridad se transfiere con facilidad. La seguridad es interdependiente. Ello requiere un abordaje comprensivo que dé cuenta de manera simultánea de diferentes políticas públicas tales como las referidas a: rediseño de los sistemas de seguridad, justicia penal, defensa nacional y el rol de los gobiernos locales; reformulación de las políticas sociales; el desarrollo de políticas que contribuyan a la cohesión e integración social; la construcción de un sistema efectivo y expedito de resolución de conflictos menores y un conjunto de iniciativas que permitan cualificar la capacidad de gobernar y desarrollar la democracia participativa. 

Para explicarnos objetivamente el fenómeno de la violencia y la inseguridad, debemos aceptar como premisas: 

1) la inseguridad no es causada por un factor, sino por la convergencia de muchos, ligados a vulnerabilidades humanas y sociales. 

2) La inseguridad de los ciudadanos es un obstáculo para el desarrollo humano, que sumado a la inadecuada repartición de la riqueza nacional, limita las posibilidades individuales para concebir y concretar un proyecto de vida, y erosiona la solidaridad y los valores positivos de una vida democrática. 

3) Es posible construir una sociedad más segura si se atienden las formas de vulnerabilidad social en que proliferan la violencia y el despojo, y se fortalecen los mecanismos colectivos de protección y capacidad de las personas para activarlos; 

4) Desarrollar la policía ligada a la comunidad, como un concepto de servicio público; 

5) Desarrollar la inteligencia policial y la investigación científica;

6) Atacar las causas fundamentales de la generalización del crimen que se encuentran en las asociaciones criminales de gran poder económico, generalmente ligadas al poder político.

En este contexto, los organismos de información pública juegan un papel importante. Una sociedad debidamente informada, potencia a las personas para encontrar respuestas y desarrollar acciones cooperativas. Por el contrario, en una sociedad con miedo se inhiben las capacidades, se incrementa la desconfianza y con ella la falta de cooperación. El aislamiento incrementa los riesgos. Comprender las diferentes expresiones de la violencia permitirá desarrollar mejores políticas públicas que tengan como norte el desarrollo humano, es decir, aumentar las opciones de las personas para que puedan mejorar sus vidas.

Hasta la llegada de la Ilustración, la ley penal fue utilizada brutalmente por los Estados y la Iglesia, como mecanismo de opresión y sometimiento a sus vasallos, por parte del señorío feudal y la monarquía. 

Las heridas dejadas por las dictaduras en la región, en muchos casos siguen abiertas, en la actualidad son exacerbadas por los grupos más conservadores, impulsadoras de modelos punitivos que castigan al excluido y protegen los intereses del gran capital. Esta misma idea que inspiraba al Derecho penal medieval es trasladada, con las lógicas distancias, a contextos históricos como el actual, en los que la normativa sancionatoria se constituye nuevamente, en el arma política más poderosa para atropellar los derechos y libertades fundamentales de una inmensa mayoría de marginados.

El terrorismo ejercido desde el Estado se expresó en genocidios, en desapariciones forzosas, en tortura y en las formas más aberrantes de práctica de la violencia del sistema. Nuestra sociedad y del resto de América Latina, debieron convivir con las "guerras internas", la violencia, la opresión y el miedo por décadas. Se buscó imponer un "orden" por la fuerza, fue la negación de la política y la legitimidad del poder abusivo. 

No existió el Estado de derecho, había un régimen de terror. La violencia era ejercida no sólo por actores "oficiales" sino por actores armados amparados por el Estado, pero al margen del respeto a la ley. "La naturaleza de la violencia política ejercitada en los años de dictadura militar no tiene paralelo con ningún momento de la historia latinoamericana" (Torres-Rivas, 1998). Sólo la brutal conquista de América puede ser equivalente.

Este conjunto de cambios en los sistemas políticos fue acompañado de un triste cambio en los patrones de inserción económica. El resultado fue debilitar aún más las capacidades del Estado para proveer bienes públicos y seguridad a sus ciudadanos. La polarización económica- social y la inequidad se asentaron como un rasgo característico de la región. Las sociedades post conflicto, las transiciones a la democracia y los desarrollos del modelo neoliberal redujeron las capacidades del Estado y le abrieron espacios a nuevos actores armados, a una nueva violencia.

La inseguridad en las sociedades latinoamericanas se encuentra más ligada a la debilidad del Estado, agravada por el modelo neoliberal, que a las nuevas fuerzas y actores. Nuevos tipos de conflictos reducen la capacidad de los Estados. Los países de la región encuentran grandes dificultades para enfrentar estos nuevos retos. Es decir, los actores no estatales ilegales poseen capacidad para constituirse en amenazas efectivas al Estado. La debilidad del Estado es una condición de inseguridad que lo afecta a él mismo, como a su población. Y va más allá. La inseguridad en un Estado genera una expansión de ésta a los vecinos. La inseguridad fluye más allá de las fronteras. De allí la preocupación creciente sobre los "espacios sin ley" que ya hemos denunciado. 

La transnacionalización del crimen ha aumentado los problemas que de él se derivan. El crimen organizado cruza las fronteras y sus acciones se relacionan con los distintos tipos de amenazas de carácter global. Para poder enfrentar esta nueva forma de criminalidad es necesario contar con una perspectiva y visión transnacional; esto significa coordinar políticas globales y locales, convirtiéndose esto en uno de los principales retos que poseen los Estados, las sociedades y todos los actores que buscan enfrentar este flagelo.

Si el abuso del Estado generaba la mayor amenaza para la población, durante las dictaduras y la Guerra Fría, en la actualidad la debilidad o la ausencia del Estado se constituyen en el mayor detonante de la inseguridad en América Latina. Los Estados están desarrollando una “guerra” continua contra la violencia y el crimen, las cuales poseen múltiples manifestaciones. Esta forma de enfrentamiento corresponde a lo que se denominan las "guerras de la globalización" o "nuevas guerras". 

Éstas implican un des-dibujamiento de las distinciones entre guerra (normalmente definida como la violencia por motivos políticos entre Estados o grupos políticos organizados), crimen organizado (la violencia por motivos particulares, en general el beneficio económico, ejercida por grupos organizados privados) y violaciones a gran escala de los derechos humanos (la violencia contra personas individuales ejercida por Estados o grupos organizados políticamente). Las nuevas “guerras contra el crimen y la violencia” se vinculan a la erosión del Estado, a la aparición de Estados debilitados que en lo esencial han perdido el monopolio en el uso racional de la fuerza. 

Por tanto, la compleja solución a esta problemática social, pasa necesariamente por el fortalecimiento del Estado efectivamente democrático y el acercamiento prioritario y efectivo con los sectores poblaciones marginados y excluidos. 

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Representación y Democracia

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REPRESENTACIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA POPULAR

Democracia: es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística.

Jorge Luis Borges.

Oscar A. Fernández O.

¿Qué significa la representación política? ¿De qué modo representan las instituciones, los partidos, y en particular, los líderes políticos? ¿Qué se representa, una idea, un valor, algún otro tipo de “abstracción”, o intereses, opiniones y voluntades concretas?, éstas y otras interrogantes nos plantea Marcos Novarro, en su libro Representación y Liderazgo en las democracias contemporáneas.

Más allá de todas estas dudas que suscitan apasionadas discusiones en los foros políticos, muchas veces hasta el punto del desatino como sucede con voceros de los liderazgos políticos de ultraderecha, de la Sala constitucional de la Suprema Corte de Justicia, lo importante es entender una premisa que traté de dejar claramente planteada en mi recién publicado artículo Los mitos de la democracia burguesa: la democracia no comienza ni termina al elegir a los representantes de la ciudadanía para administrar El Estado. La democracia es una especie de sinfonía compleja, con muchos acordes, instrumentos, músicos y coros, que para disfrutarla a plenitud hay que entenderla.

En este recorrido por el debate contemporáneo sobre la representación política en la que he denominado, “democracia de oligarquías”, paradoja impuesta por las viejas concepciones de dominación, hoy profundamente cuestionadas por fuertes vientos de cambio en América Latina, prestamos mucha atención a sus vinculaciones con los liderazgos políticos tradicionales y con la formación de las identidades políticas, vinculaciones tan oscuras como sugerentes.

Al fijar la atención en los liderazgos políticos “representativos” o la “representación por liderazgo”, y aquí me refiero a todo tipo de liderazgo, partidario conservador, que representa al statu quo y a los llamados “independientes”, estamos, como dice Novarro (ut supra) tocando un punto muy sensible, tanto para la teoría y la filosofía política, como para la vida política de nuestros pueblos.  ¿Son los líderes tradicionales una amenaza para la democracia de los pueblos? ¿Una especie de mal necesario en la democracia representativa burguesa? ¿O son un componente ineludible y revitalizador de la institucionalidad y las leyes?

Como parte de la introducción a la discusión de este problema de la democracia y la representación política, diremos que lo primero que tendemos a pensar es que difícilmente se pueda dar una respuesta generalizada ya que existen toda clase de líderes en los distintos estamentos del Estado y la vida política en general. Lo que si me atrevo a adelantar, es que contradictoriamente, en esta discusión sobre la calidad de la democracia quién no está presente es el pueblo, el demos. Me temo pues, que de este debate político ha quedado marginado nuevamente el ciudadano común. En esto tiene mucho que ver la complicidad de los medios conservadores de comunicación al servicio de los intereses de la oligarquía, factor fundamental del poder de facto.

Si bien, como ya se señaló, el desinterés por lo político es algo universal, en países como el nuestro, donde la diferencia en el ingreso entre el 20% más rico y el 20% más pobre está entre las más grandes del mundo, esta cuestión adquiere revelaciones particulares.

Casi toda la población tiene la percepción de que la política es una actividad casi delictiva y que los partidos tradicionales utilizan los recursos públicos para financiar sus propios aparatos o para contribuir al enriquecimiento personal de sus dirigentes. Una percepción fundada en la corrupción institucional instaurada por muchos años, desde las viejas dictaduras ultraderechistas, que siempre creyeron que el poder político les pertenecía por decisión de la providencia.

Pero, la relación teórica y conceptual entre liderazgo y crisis o ruptura del lazo representativo es también ambivalente. Teóricos de la democracia liberal como Alexis de Tocqueville, sostienen que los pueblos en la república democrática liberal burguesa, se desentienden del problema político para atender otras necesidades y que en consecuencia, “por encima de ellos se alza  un poder inmenso y tutelar que se encarga de velar por su suerte, pero lo que en el fondo persigue es mantenerlos en una infancia ignorante” (Tocqueville:1840)

Por su parte, Vladimir I. Lenin (1919) en su magna conferencia Acerca del Estado, al explicar las diferentes teorías burguesas sobre su origen y definición decía que "en el problema del Estado, en la teoría del Estado, podréis ver siempre (...) la lucha de las distintas clases entre sí, lucha que se refleja o encuentra su expresión en la lucha de conceptos sobre el Estado, en la apreciación del papel y de la significación del Estado y sus representantes"

Sin embargo, para Kelsen (Filosofo del Derecho liberal) desde su insostenible unidad neokantiana-positivista, lo detestable de lo que llama la ficción imaginada, que no es la única en el ámbito del derecho público, es su finalidad política de contener el avance del principio democrático no dando entrada, para ello, a nuevos elementos protagonistas, de hecho, de la política en los sistemas democráticos de su época. Es decir que la ficción es tanto más negativa, “cuanto más se sigue aplicando a unas circunstancias radicalmente diferentes de las que justificaron el concepto liberal de representación en los comienzos del Estado constitucional, bajo la inspiración del dogma de la soberanía nacional” (Portero Molina: 1978)

Al referirnos a la responsabilidad política del representante, ella no supone sólo una relación de compromiso mecánico frente a sus representados. Lo fundamental, de dónde se deriva dicha responsabilidad, es la obligación en que se coloca el político de cara a ideales trascendentales. Responsabilidad es en palabras de Max Weber, “un compromiso ético”. Sobre esta base, podemos decir ahora que la ética pública que habilita a un líder a representar, lo coloca como una única totalidad con el representado y le exige “ser referencia de identificación común, reforzando el sentido de obligación moral con la comunidad” (Cavalli: 1992)

Este es uno de los grandes temas para el cambio: la participación popular menos atemorizada y alienada, más autónoma y libre, más espontánea; por tanto, con más aporte y creatividad porque surgiría desde el sentir de las bases populares, que constantemente están aprendiendo la política.  Unido a esto, el papel de los medios de comunicación, debemos cambiarlo radicalmente para transformarlos en espacios de elaboración desde los sectores populares diversos, espacios de encuentros y polémicas, de búsqueda conjunta de las respuestas a los grandes problemas.

La fragilidad de los consensos y la confianza de los gobernantes, más allá de una supuesta eficacia administrativa coyuntural que pueda ganar admiración, es un reflejo inmediato del problema analizado.

Sin embargo, la alternativa no debe ser renunciar sin más, a la educación militante de los partidos políticos y dejar que se extingan las ideologías que conservan vitalidad, y que a través de ellas los políticos de partido hemos heredado y transmitido de generación en generación. ¿Qué sería de los líderes políticos sin partido o con partidos debilitados, incapaces de tomar parte activa en los vínculos de representación?

El tema de la representación en una democracia real, no es un tema aislado y coyuntural, que se pueda basar sólo en una sentencia de la Sala de lo Constitucional  y se resuelva en una elección; su verdadera importancia radica en la cuestión de qué tipo de democracia estamos pensando para El Salvador, quién es el verdadero poseedor del poder y como se delega y ejerce la autoridad pública.

Esto determina que el conflicto público sea legítimo e inmejorable, y que éste tenga los canales efectivos para administrarlo adecuadamente. La autoridad delegada en la representación puede producir contradicciones y seguir siendo legal y legítimo, lo que no puede es ser representativo sin ser productivo, en términos de protección y de certidumbre basado en la transparencia. La representación política está emparentada con la idea de control, ética y compromiso del representante. El representante lo es porque se somete a la intervención de sus representados, es decir del demos.

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