DIMENSIÓN POLITICA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

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Las negrillas, subrayado y separación de algunos párrafos son para efectos de estudio.

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DIMENSIÓN POLITICA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

Oscar A. Fernández O.

No ha sido hasta la irrupción de ex guerrilla en la política y la lucha por la radicalización de la democracia, que el problema de la seguridad pública y policial, surge como una necesidad vital para un programa de gobierno inmediato. Un asunto que históricamente fue acaparado por mentes conservadoras, cuando no por cerebros verdaderamente iletrados. Sin embargo, el análisis y debate todavía no ha sido desarrollado en toda la amplitud, que debe merecer este problema, por visiones políticas habituadas a descuidar ámbitos como la educación, salud y empleo. 

Hoy debe    afrontarse con robustez, conditio sine quanon, la preocupación generalizada y justificada por el agravamiento de la violencia criminal y de la percepción de la inseguridad, si no queremos que este importante bastión social caiga nuevamente, en las mismas manos que han producido históricamente el drama de la violencia en nuestro país.

Insistimos que la ausencia de la participación ciudadana, la imposición de un pensamiento que privilegia la inequidad social y el impedimento al debate nacional sobre alternativas estructurales y políticas públicas transformadoras para la inclusión social y política de los excluidos y marginados, se conjuga con las serias deficiencias y las prácticas autoritarias, violentas e inquisitorias del procedimiento clásico oligárquico burgués, afianzadas en la policía, la justicia penal y la tradicional raison d´etat

Este inicuo déficit no es nuevo, ya que sobrevive a los Acuerdos de Paz, provocando que el proceso de democratización haya caído en una cuestión de rutinas formales y no en la implementación de una condición de la vida social, constituyéndose hoy en uno de los elementos que caracterizan la fragilidad del sistema institucional, al punto de restringir considerablemente el alcance de un verdadero Estado democrático, social de Derecho, fundado en la equidad y la justicia.

Asistimos a una situación compleja que requiere soluciones complejas. La seguridad pública no se limita al combate al delito o a la reducción en las tasas del mismo, esa es una parte. Se requiere, para su buen desarrollo, de un razonamiento más profundo que explique el crimen como consecuencia de unas reglas y un contexto definido por la formas de convivencia social, la cultura y las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones, en particular con aquellas como la policía, la fiscalía y la justicia, que en muchos casos, promueven con su actuación, procesos de ilegalidad y violencia, aumentando la victimización y profundizando el conflicto.

Hasta hoy y no obstante la atención mediática dada al problema que nos ocupa, las acciones desplegadas por el Estado en el campo de la seguridad pública y la ausencia práctica de una política criminal, expresan un hándicap importante a la hora de entender la complejidad del problema y encontrar el rumbo adecuado.

En este contexto, las políticas de seguridad pública, no logran ser asumidas más que como políticas “de reducción de daños” y “de manejo de escándalos” ante el impacto social del delito. Se sigue pensando insistimos, en respuestas rápidas efectistas y no en las causas orgánicas de los problemas. Esto permite, como lo podemos evidenciar, que las acumulaciones históricas de los conflictos, potencien los efectos, en un ciclo vicioso que frena cualquier forma de desarrollo nacional e inevitablemente conduce a crisis crónicas.

Indudablemente que el inicio de solución para estos problemas profundos y complejos, pasa por un debate nacional que en primer lugar construya ciertos principios, valores, lógicas y procedimientos propios de una cultura democrática para resolver los conflictos sociales. No hay posibilidad de plantear el problema de la seguridad en términos democráticos, si no se reconoce la existencia del conflicto social como parte de la dinámica de los grupos humanos. En función del proceso social, se deber relacionar el problema de la seguridad con la teoría del abuso de poder, y considerar que las demandas de seguridad constituyen de alguna forma, llamados al cese del abuso de poder.

Considerar por ejemplo, las diferentes violencias urbanas como abuso de poder nos permite, quizá, tener una mirada diferente de los protagonistas de la inseguridad urbana, y de las políticas de seguridad en la ciudad. El riesgo que se pone en juego cuando se habla de seguridad, es que se pueda confundir la democracia con sentimientos de peligro, de miedo y de urgencia.

Democracia y seguridad pública deberían de ser un binomio inseparable. Pero las acciones ensayadas y fallidas hasta hora por el Estado capitalista neoliberal en materia de seguridad pública, ponen en verdadero riesgo un proceso de radicalización y consolidación de la democracia.

Un escenario como el actual, en el que se conjunta crisis económica global,  aumento exponencial del desempleo y la crisis de productos alimentarios, sumada a la creciente percepción de inseguridad en todo el país, pudiera apoyar a las voces de quienes prefieren regímenes políticos autoritarios y contractivos de las libertades ciudadanas. Algunos constitucionalistas en América Latina, sentencian muy lúcidamente que la delincuencia muy bien podría convertirse en el pretexto para que el autoritarismo resurgiera, incluso con la simpatía social, si el poder autoritario fuera capaz de ofrecer resultados satisfactorios en un plazo breve.

El mundo discute hoy, como prioridad en la agenda política, sobre el significado de la seguridad y acerca de las políticas que pueden hacer un ámbito con sociedades más seguras, incluyendo los factores que causan inquietud, temor e inseguridad a la gente y a los países.

La violencia y la inseguridad son condicionantes del desarrollo y de las estrategias de reducción de la pobreza. Los países y las personas más pobres son los más expuestos a los hechos de violencia (quizás con la excepción de los secuestros). Los pobres ven la inseguridad como un obstáculo para superar su situación de desventaja y los países pobres enfrentan mayores dificultades para resolver los problemas de violencia e inseguridad, que aquellos con mejores índices de desarrollo humano (PNUD: 2005).

No puede haber democracia efectiva donde no impere la seguridad y las instancias de impartición de justicia no cuenten con integridad y credibilidad necesarias. La democracia que hemos de construir, requiere de la confianza de los ciudadanos en las instituciones que se han creado para que la vida en común transcurra con estabilidad y posibilidades de progreso social equitativo; es decir, la efectividad de las estrategias de seguridad pública, pasan necesariamente por la transformación y fortalecimiento del Estado, producto de un nuevo pacto social, que priorice la eliminación de la inmensa fractura social que padecemos y que cada día se profundiza.

Hoy más que nunca, la seguridad pública se legitima como un derecho cardinal. Los organismos policiales que respetan los derechos y las garantías, consiguen con ello promover los objetivos mismos de la aplicación de la ley y establecer al mismo tiempo una estructura de aplicación de la ley que no se basa en el miedo y en el poder, sino en la dignidad, la profesionalidad y la legalidad. Estamos hablando de seguridad de las personas y no de la seguridad del orden establecido, pues el Estado no está por encima de los ciudadanos que lo fundan.

El bien a defender, por la acción de seguridad que realiza el Estado, define políticamente a la propia comunidad, ya que las políticas de seguridad deben responder a la seguridad de la gente, de la sociedad como colectivo social y de las instituciones políticas que han de expresar las bases del pacto constitutivo de la comunidad política, siendo inadmisible que el interés de uno pueda desarrollarse en contraposición del interés del otro.

Está entendido claramente (¡bueno… supongo!) que la seguridad pública en democracia, demanda una intervención multidisciplinaria para fortalecer el tejido social, no sólo es un problema de la policía (o el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública) pues éste es sólo un componente, que se integra a la comunidad por medio de modelos comunitarios, para edificar un fuerte y único sistema de seguridad colectivo. Una estrategia que el país en general y las ciudades grandes en particular, no han hecho contundentemente, como se debería haber hecho hace tiempo.

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Rescatar la Política

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Las negrillas, subrayados y separación de algunos párrafos son para efectos de estudio.
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El imperialismo surgió como desarrollo y continuación directa de las propiedades fundamentales del capitalismo. V.I. Lenin

RESCATAR LA POLITICA Y CONSTRUIR NUESTRO FUTURO 

Oscar A. Fernández O.

Una de los fenómenos sociales de mayor repercusión en el vida humana desde hace mucho tiempo es la política. Como fenómeno engendrado por el accionar de la sociedad es de gran complejidad y, en cierto sentido, incomprensible para muchas personas, lo cual provoca un sentimiento de rechazo, que vulgarmente se expresa en frases como: la política es una cosa sucia, yo no me meto en política, mi vida no tiene nada que ver con la política. La descalificación de lo político es un fenómeno universal, hoy agravado por el discurso neoliberal y el debilitamiento del Estado.

Sin embargo, la realidad es bien distinta, pues la política tiene que ver con la vida de todos los seres humanos desde que surgiera y se involucra en los más simples actos de la cotidianeidad ciudadana. Tiene que ver con el gigantesco y turbulento cambio del sistema productivo, de los valores y las pautas de conducta de la sociedad y de la organización y naturaleza del Estado, que en algunos países como El Salvador es casi disfuncional.

En este nuevo escenario, la intermediación de los partidos políticos tradicionales burgueses  -o si se prefiere el monopolio de la intermediación – se ha desnaturalizado y está comprometida.

Cada vez más los partidos (uno de los elementos componentes del sistema político) son vistos por la población como muros que se interponen entre el Estado y la sociedad, antes que como puentes que los ponen en contacto con las instituciones.

Crece más la sensación de que la única preocupación de los partidos tradicionales son las cutas de poder, antes que pensar en el pueblo y sus necesidades, como si toda la atención estuviera en cómo llegar al poder, antes que preguntarse para qué. En consecuencia, la sociedad se aleja de los partidos políticos y busca de distintas maneras, cómo tener la atención del Estado.

Estos partidos tradicionalistas, se cierran sobre sí mismos, ponen candados en las puertas del sistema  y se autoproclaman como una clase diferente.

La mal llamada clase política. Una “clase política” que no tiene otro objetivo que su propio poder y cada  vez más, el enriquecimiento personal de sus  miembros y que sin duda, no hace posible la democracia, ya que cualquier intento de construir democracia puede ser destruida “desde ella misma, por el control ejercido desde el poder de las oligarquías o por partidos que acumulan recursos económicos o políticos para imponer su elección a ciudadanos reducidos al simple papel de votantes” sostiene el sociólogo Alain Touraine (¿Qué es la democracia?)

Al mismo tiempo, insistimos, su función de representación también se encuentra seriamente disminuida. Su vinculación con la opinión es cada vez más complicada.

Es como si  los partidos tradicionales se han convertido en sectas cerradas, en logias de intereses, en roscas como se dice popularmente.

En esa medida, los acuerdos políticos, uno de los elementos importantes de la capacidad de gobierno, se juzgan crecientemente, como si apenas se tratara de componendas entre grupos interesados  en conversar sus privilegios.

Recientes encuestas nos han mostrado que otras instancias de acceso popular como las iglesias y varias organizaciones populares, tienen niveles de representatividad mucho más altos que las instituciones políticas tradicionales y la justicia.

Desde luego, la corrupción y la pobreza son, sin duda los grandes factores de desprestigio del sistema.

La magnitud y la gravedad de la percepción que la población  tiene de la decadencia del sistema político, es verdaderamente alarmante.

Pero debe de subrayarse que la corrupción en los partidos políticos tradicionales es particularmente grave porque corrompe las propias instituciones creadas para combatir el crimen. Si funcionarios electos o nombrados: diputados, alcaldes, fiscales, magistrados, jueces y policías son corruptos, la sociedad está indefensa e inerme.

Esta corrupción se convierte en un factor de atraso económico y social, de conflictos sociales graves y de inestabilidad política. Y, como ya hemos visto, la ciudadanía tiene una idea muy precisa de lo que está pasando.

“Cuando la política necesita dinero desesperadamente y el dinero busca influencia política desesperada, el dinero y la política no pueden mantenerse alejados” (R. Dworkin).

Tal vez tengamos razón y este es el tiempo de los mercaderes. Por eso el lenguaje político es el del dinero y los negocios, y la corrupción su instrumento natural de accionar.

¿Seguiremos permitiendo los salvadoreños la existencia de un mercado de la democracia, en el que la voluntad popular sea objeto de transacciones de por sí espurias?

La conclusión que se desprende de lo anterior, es que la débil democracia en El Salvador está constantemente amenazada por la peligrosa pérdida de representatividad e ilegitimidad de los partidos tradicionales y conversadores.

En este sentido, los defectos habituales de la política en nuestro país, el clientelismo, el incumplimiento de las promesas electorales, la falta de consistencia ideológica, la corrupción y la influencia de un poderoso crimen organizado, se ciernen como un fuerte torbellino sobre las ya desgastadas instituciones del Estado.

La política no es sucia, la hemos ensuciado.

Por ello, la necesidad de cambiar este deteriorado orden político y jurídico, no ésta en discusión en el seno de la izquierda (¿o sí?), pues se observa un razonable consenso en ello, correspondiente al llamado rediseño del Estado y consolidación del poder popular, lo cual implica necesariamente el reemplazo de la burguesía como clase dominante y la sustitución del Estado capitalista neoliberal por un Estado Social de Derecho, fuerte y robusto, con capacidad de construir un orden equitativo, como requisito inmediato para pensar en el cambio histórico trazado en nuestro horizonte.

La especificidad de la vía salvadoreña hacia una metamorfosis nacional histórica, como un proceso complejo y de largo plazo, estaría en que la toma del poder no precede, sino que sigue a la transformación de la sociedad; en otras palabras, es la modificación de la infraestructura social lo que, alterando la correlación de fuerzas, impone y hace posible la modificación de la superestructura.

La toma del poder se realizaría así gradualmente sin necesidad de recurrir en cierto sentido, a la violencia (¿?), hasta el punto de formar un nuevo Estado, correspondiente a la estructura socialista que se habría ido creando. La experiencia en el centro de América del Sur es hoy digna de ser estudiada, aunque no copiada.

La discusión sobre si existe o no una vía salvadoreña al socialismo, sería irrelevante si no implica dos supuestos: primero, el que hayamos definido nuestro  camino de transición al socialismo o no; segundo, el que el carácter peculiar que asume hoy la lucha de clases tiene el status  de un modelo distinto al que se ha presentado en otros países que lograron instaurar la dictadura del proletariado.

En efecto, a la pregunta de si existe  una vía al socialismo, la repuesta sólo puede ser afirmativa: existen tantas vías al socialismo cuanto sean los pueblos que emprendan, bajo la dirección de los trabajadores, la tarea de cambiar a la sociedad  explotadora burguesa y su sistema político en crisis. Pero ninguna de ellas es en sí un modelo, todas se rigen por las leyes generales de la revolución del pueblo, tal como la ciencia marxista las ha definido.

Bajo la visión mecánica de mundo, la obsesión por la eficiencia continuará deshumanizando el desarrollo y generando mayor vulnerabilidad para todas las formas de vida en el Planeta. Bajo la visión economicista de mundo, la existencia continuará como una lucha salvaje por la sobrevivencia, bajo el credo de la competitividad, que trasforma la realidad en una arena donde solo existen competidores. Bajo la visión holística de mundo, la complejidad de la realidad emerge como un sistema dinámico y contradictorio, donde solo la solidaridad puede promover las negociaciones necesarias para construir la protección de todas las formas de vida en el Planeta. En la competencia entre estas visiones de mundo, la visión economicista está prevaleciendo entre las iniciativas oficiales, internacionales y nacionales. Pero aún hay esperanza. La globalización es una construcción social, y por eso los pueblos podemos cambiarla.

La esperanza es la última que muere, dirían los optimistas; pero muere, dirían los pesimistas. Los realistas dirían, pero como la humanidad no puede vivir sin esperanza, hagamos algo para que no muera la esperanza. La sociedad civil debe organizarse para construir más espacios públicos para la práctica de la democracia participativa (Souza Silva: 2001) Si el sistema de ideas, sistema de tecnologías y de institucionalidad del orden corporativo transnacional, continúan en su trayectoria dominante, se profundizará la exclusión social y la vulnerabilidad; crecerá inexorablemente el número de los desconectados, transformados en prisioneros del desamparo y huérfanos de la esperanza. ¿Hasta cuándo? ¿A qué costo? El cambio histórico en El Salvador, debe entonces sumarse a un cambio continental de época que nos reta a dar el salto histórico: construir el nuevo modelo de la integración independiente y multidimensional de nuestra América.

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