DIMENSIÓN POLITICA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

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Las negrillas, subrayado y separación de algunos párrafos son para efectos de estudio.

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DIMENSIÓN POLITICA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

Oscar A. Fernández O.

No ha sido hasta la irrupción de ex guerrilla en la política y la lucha por la radicalización de la democracia, que el problema de la seguridad pública y policial, surge como una necesidad vital para un programa de gobierno inmediato. Un asunto que históricamente fue acaparado por mentes conservadoras, cuando no por cerebros verdaderamente iletrados. Sin embargo, el análisis y debate todavía no ha sido desarrollado en toda la amplitud, que debe merecer este problema, por visiones políticas habituadas a descuidar ámbitos como la educación, salud y empleo. 

Hoy debe    afrontarse con robustez, conditio sine quanon, la preocupación generalizada y justificada por el agravamiento de la violencia criminal y de la percepción de la inseguridad, si no queremos que este importante bastión social caiga nuevamente, en las mismas manos que han producido históricamente el drama de la violencia en nuestro país.

Insistimos que la ausencia de la participación ciudadana, la imposición de un pensamiento que privilegia la inequidad social y el impedimento al debate nacional sobre alternativas estructurales y políticas públicas transformadoras para la inclusión social y política de los excluidos y marginados, se conjuga con las serias deficiencias y las prácticas autoritarias, violentas e inquisitorias del procedimiento clásico oligárquico burgués, afianzadas en la policía, la justicia penal y la tradicional raison d´etat

Este inicuo déficit no es nuevo, ya que sobrevive a los Acuerdos de Paz, provocando que el proceso de democratización haya caído en una cuestión de rutinas formales y no en la implementación de una condición de la vida social, constituyéndose hoy en uno de los elementos que caracterizan la fragilidad del sistema institucional, al punto de restringir considerablemente el alcance de un verdadero Estado democrático, social de Derecho, fundado en la equidad y la justicia.

Asistimos a una situación compleja que requiere soluciones complejas. La seguridad pública no se limita al combate al delito o a la reducción en las tasas del mismo, esa es una parte. Se requiere, para su buen desarrollo, de un razonamiento más profundo que explique el crimen como consecuencia de unas reglas y un contexto definido por la formas de convivencia social, la cultura y las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones, en particular con aquellas como la policía, la fiscalía y la justicia, que en muchos casos, promueven con su actuación, procesos de ilegalidad y violencia, aumentando la victimización y profundizando el conflicto.

Hasta hoy y no obstante la atención mediática dada al problema que nos ocupa, las acciones desplegadas por el Estado en el campo de la seguridad pública y la ausencia práctica de una política criminal, expresan un hándicap importante a la hora de entender la complejidad del problema y encontrar el rumbo adecuado.

En este contexto, las políticas de seguridad pública, no logran ser asumidas más que como políticas “de reducción de daños” y “de manejo de escándalos” ante el impacto social del delito. Se sigue pensando insistimos, en respuestas rápidas efectistas y no en las causas orgánicas de los problemas. Esto permite, como lo podemos evidenciar, que las acumulaciones históricas de los conflictos, potencien los efectos, en un ciclo vicioso que frena cualquier forma de desarrollo nacional e inevitablemente conduce a crisis crónicas.

Indudablemente que el inicio de solución para estos problemas profundos y complejos, pasa por un debate nacional que en primer lugar construya ciertos principios, valores, lógicas y procedimientos propios de una cultura democrática para resolver los conflictos sociales. No hay posibilidad de plantear el problema de la seguridad en términos democráticos, si no se reconoce la existencia del conflicto social como parte de la dinámica de los grupos humanos. En función del proceso social, se deber relacionar el problema de la seguridad con la teoría del abuso de poder, y considerar que las demandas de seguridad constituyen de alguna forma, llamados al cese del abuso de poder.

Considerar por ejemplo, las diferentes violencias urbanas como abuso de poder nos permite, quizá, tener una mirada diferente de los protagonistas de la inseguridad urbana, y de las políticas de seguridad en la ciudad. El riesgo que se pone en juego cuando se habla de seguridad, es que se pueda confundir la democracia con sentimientos de peligro, de miedo y de urgencia.

Democracia y seguridad pública deberían de ser un binomio inseparable. Pero las acciones ensayadas y fallidas hasta hora por el Estado capitalista neoliberal en materia de seguridad pública, ponen en verdadero riesgo un proceso de radicalización y consolidación de la democracia.

Un escenario como el actual, en el que se conjunta crisis económica global,  aumento exponencial del desempleo y la crisis de productos alimentarios, sumada a la creciente percepción de inseguridad en todo el país, pudiera apoyar a las voces de quienes prefieren regímenes políticos autoritarios y contractivos de las libertades ciudadanas. Algunos constitucionalistas en América Latina, sentencian muy lúcidamente que la delincuencia muy bien podría convertirse en el pretexto para que el autoritarismo resurgiera, incluso con la simpatía social, si el poder autoritario fuera capaz de ofrecer resultados satisfactorios en un plazo breve.

El mundo discute hoy, como prioridad en la agenda política, sobre el significado de la seguridad y acerca de las políticas que pueden hacer un ámbito con sociedades más seguras, incluyendo los factores que causan inquietud, temor e inseguridad a la gente y a los países.

La violencia y la inseguridad son condicionantes del desarrollo y de las estrategias de reducción de la pobreza. Los países y las personas más pobres son los más expuestos a los hechos de violencia (quizás con la excepción de los secuestros). Los pobres ven la inseguridad como un obstáculo para superar su situación de desventaja y los países pobres enfrentan mayores dificultades para resolver los problemas de violencia e inseguridad, que aquellos con mejores índices de desarrollo humano (PNUD: 2005).

No puede haber democracia efectiva donde no impere la seguridad y las instancias de impartición de justicia no cuenten con integridad y credibilidad necesarias. La democracia que hemos de construir, requiere de la confianza de los ciudadanos en las instituciones que se han creado para que la vida en común transcurra con estabilidad y posibilidades de progreso social equitativo; es decir, la efectividad de las estrategias de seguridad pública, pasan necesariamente por la transformación y fortalecimiento del Estado, producto de un nuevo pacto social, que priorice la eliminación de la inmensa fractura social que padecemos y que cada día se profundiza.

Hoy más que nunca, la seguridad pública se legitima como un derecho cardinal. Los organismos policiales que respetan los derechos y las garantías, consiguen con ello promover los objetivos mismos de la aplicación de la ley y establecer al mismo tiempo una estructura de aplicación de la ley que no se basa en el miedo y en el poder, sino en la dignidad, la profesionalidad y la legalidad. Estamos hablando de seguridad de las personas y no de la seguridad del orden establecido, pues el Estado no está por encima de los ciudadanos que lo fundan.

El bien a defender, por la acción de seguridad que realiza el Estado, define políticamente a la propia comunidad, ya que las políticas de seguridad deben responder a la seguridad de la gente, de la sociedad como colectivo social y de las instituciones políticas que han de expresar las bases del pacto constitutivo de la comunidad política, siendo inadmisible que el interés de uno pueda desarrollarse en contraposición del interés del otro.

Está entendido claramente (¡bueno… supongo!) que la seguridad pública en democracia, demanda una intervención multidisciplinaria para fortalecer el tejido social, no sólo es un problema de la policía (o el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública) pues éste es sólo un componente, que se integra a la comunidad por medio de modelos comunitarios, para edificar un fuerte y único sistema de seguridad colectivo. Una estrategia que el país en general y las ciudades grandes en particular, no han hecho contundentemente, como se debería haber hecho hace tiempo.

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