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Las negrillas, sangrías y separación de algunos párrafos son nuestros para efectos de estudio.EL SALVADOR: PENAS Y PENAS Y PENAS...
Óscar A. Fernández O.
Este pobre país de pobres, tiene en su corta vida más penas que glorias y nuestros políticos siguen pensando que con más castigo lo haremos mejor, ¡una forma muy simple de explicarse la realidad!
En realidad, en un sistema como el nuestro lo que se castiga es la pobreza mientras se exalta el poder al margen de la decencia y los valores humanistas.
De que sirven las penas cuando la impunidad es la regla del juego, producto de un Estado debilitado y corrompido por intereses espurios. Un Estado que fue vendido al mejor postor.
Hojeando la pila de libros que nos legó mi padre (¡sabia herencia de toda una vida dedicada al Derecho!) y aunque yo no soy Jurista si no mas bien un fanático de las antigüedades, me llamó la atención el viejo Escriche de 1910. Al pasar sus amarillentas páginas, guiado por esas coincidencias de la vida, el viejo diccionario me definió la acepción “impunidad”, tan en boga en este país y tan contradictoria con la justicia, definida ésta como un fin social. Mi curiosidad no se detuvo y pasé a otros de los diccionarios que componen la sobria biblioteca.
Cabanellas abundaba: “... la causa más común (de impunidad), porque es la que más hiere la sensibilidad colectiva, está representada por aquellos casos en que, siendo conocidos los autores no se les persigue por razones de orden político, y relacionado con el poder de facto, siempre abusivas y propias de Estados en los que la libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder entregado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo y la cobardía general”.
No se porqué todo esto me emuló un pequeño y sufrido país en el centro del continente.
Ilustrado por otros textos jurídicos, logro establecer que la probabilidad del poder público de mantener impunes delitos que sirven o sirvieron a un interés político, es mucho mayor cuando, a pesar de existir la oralidad (publicidad) de los juicios, en nuestro país el pueblo no conoce la verdad de los hechos. A esto agreguemos que sólo la Fiscalía puede iniciar la investigación y acusar, siendo sus representantes acusados de tener fuertes vínculos con el poder de facto y los partidos de la derecha, principales impulsadores de la impunidad.
A estas alturas del partido, como suele decirse, afirmar que el autoritarismo mafioso ha sido sustituido por un régimen de naturaleza democrática, es una amable ficción que convence solo a algunos pocos. De la misma manera, cuando los “fariseos de la represión y el orden” vociferan histéricos que es un atentado contra la estabilidad enjuiciar a los criminales de guerra del pueblo salvadoreño, no queda más que concluir que la justicia se continúa manejando al antojo del poder y que la susodicha democracia sigue siendo la utopía vilipendiada.
La democracia se define como un conjunto de reglas sustentadas en la igualdad la libertad, la justicia y el derecho, diseñadas para resolver cualquier conflicto sin derramamiento de sangre.
El buen gobierno democrático consiste sobretodo en el respeto riguroso de esas reglas.
En el mismo momento en que la democracia pierde de vista este principio propio que la inspira, se convierte en lo contrario, en autoritarismo, de lo que está repleta nuestra historia.
¿Por qué en El Salvador no podemos construir un sistema democrático que nos allane la libertad sobre la base de la verdad en todos los ámbitos? ¿Por qué contrariamente, insistimos en promover la cultura de la corrupción y la impunidad?
¿Por qué no se investigan las poderosas estructuras delictivas clandestinas, que medio mundo sabe que operan en el país?
¿Por qué se continúan protegiendo poderes nefastos sobre la base de ocultar la verdad y desfigurar la historia? ¿Por qué a pesar de esta realidad se insiste en que El Salvador es una democracia floreciente?
¿Debemos terminar por creer que la corrupción, el delito de los poderosos y la impunidad de las estructuras dominantes forman parte de la democracia?
¿O es que la democracia es una forma de vida que los salvadoreños nunca hemos conocido?
Los autores convienen en distinguir, en que la impunidad puede ser de hecho o de Derecho, Bernardo de Quirós (citado por Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales) señala como impunidades de hecho las siguientes: “Crímenes que pasan, y pasarán siempre, más o menos desconocidos a los ojos de la justicia; crímenes que se conocen pero cuyos autores escapan a la acción de la justicia por no haber sido determinada su personalidad o no haber podido ser aprehendidos; delitos cuyos autores son conocidos, pero no se persiguen ni penan, por excepción abusiva debida a la organización política y social propia de cada tiempo”. La trascendencia de la impunidad en el delito, reviste caracteres no ya graves, sino alarmantes.
Lo grave es que la falta de juicio del legislador y de capacidad de actuar de las autoridades encargadas de ejecutarlas está erosionando lenta pero sistemáticamente el sistema de derecho, lo que conlleva consecuencias nefastas de no ponérsele coto a este proceso que se desarrolla ante nuestros ojos como el pan cotidiano.
El problema no es el tamaño de la pena. Es que la pena no se hace efectiva.
Sumémosle a ello que después de cumplirla, el delincuente es generalmente, más delincuente. Los aumentos a las penas del delito suelen ser taquilleros de momento. Un tema más de relaciones públicas que de política de estado. Por eso, los políticos de todas las banderas están de acuerdo en hacerlos. Por eso, lo han intentado decenas de veces. Por eso, de cuando en cuando discuten incluso la pena de muerte. Sin embargo, en un país donde el problema es la impunidad, subir las penas no ha servido. Y no quisiera ser aguafiestas, pero esta vez, tampoco servirá de mucho. Esto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, y la impunidad y los crímenes hoy han aumentado en una proporción de diez a uno.
¿Qué dicen los políticos promotores del aumento indiscriminado de penas, tal cuales pócimas mágicas que harán disminuir el crimen? Debe entenderse que la pena no es necesariamente disuasiva, ya que actúa después del crimen.
En este contexto resulta pertinente preguntarnos ¿Cuándo se perseguirá con el mismo ahínco a reconocidas organizaciones de poder aparentemente “decentes”, lavadoras de dinero y autores de descomunales evasiones fiscales? ¿Cuándo comenzaremos a hacer frente a la impunidad de los intocables?
¿Dónde están las políticas de estado para el buen desarrollo de la juventud salvadoreña?
En 2009 el abuso físico, sexual, la negligencia, el maltrato policial y el abandono, constituyeron los rubros más importantes en el maltrato infantil. Los esfuerzos de los legisladores y demás instituciones involucradas por mejorar estas condiciones de seguridad en el amplio sentido de la palabra, para niñas y niños que son víctimas de violencia, particularmente sexual, continúan siendo limitados frente a la insistencia de castigar con mayor severidad a estas víctimas que terminan siendo victimarios como reacción agresiva frente a una estructura social desmembrada, violenta y cínica que los excluye, maltrata y criminaliza.
Los mayores retos de la procuración de justicia residen en la depuración y saneamiento de sus instituciones, así como en mejorar y hacer eficiente su funcionamiento.
Deben plantearse incentivos para la capacitación, profesionalización, especialización y correcto desempeño de su personal. Es necesario que la Fiscalía, La Policía, la Procuraduría y la administración de justicia penal, reestructuren y reorienten a sus organizaciones y mejoren sus procedimientos.
El problema fundamental de nuestras instituciones de justicia es su ineficacia, a ellas se deben abocar los esfuerzos de reforma.
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