Criminalidad Económica y Democracia

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EL COMPLOT CONTRA LA DEMOCRACIA

Oscar A. Fernández O.

“El crimen organizado está experimentando cambios sustanciales y constantes en América Latina, penetrando las estructuras políticas y sociales, a través de personajes desafectos y poniendo en riesgo los avances alcanzados en la construcción del Estado y el sistema democrático».  (Juez Garzón: 2012) 

La amenaza del crimen organizado se expresa con mayor gravedad en aquellos países que combinan una alta densidad delictiva con una larga historia de violencia e ilegalidad socialmente acumulada (léase 60 años de Dictadura y veinticinco años de corrupción de gobiernos neoliberales liderados por la derecha y ultraderecha).

La densidad criminal o delictiva, la definiremos como la existencia de organizaciones ilegales, con presencia territorial, que cuentan con recursos financieros y armados suficientes para desafiar (con violencia y corrupción) la institucionalidad.

¿Cuáles son las dinámicas que están detrás del reordenamiento de las redes criminales?¿Qué ha llevado a los grupos criminales a incursionar en otras actividades ilegales? ¿Qué explica que busquen aliarse con sectores reaccionarios para realizar la sedición contra la institucionalidad?

1. Los vacíos de poder que resultan de la implosión de las estructuras criminales o de la acción del Estado en contra de estas organizaciones. 

2. La disponibilidad de redes clandestinas con experiencia en el tráfico de bienes y servicios ilegales.

3. La emergencia de mercados locales ilegales emergentes, con una oferta creciente y una demanda constante de productos y servicios ilegales.

4. Las ofensivas del Estado en medio de la fragilidad institucional y la disposición de redes clandestina a confrontar al Estado. 

En este sentido, un asunto central es entender que el crimen organizado no se define como la existencia de una estructura específica, sino como un sistema de imbricadas relaciones. «El mundo de la delincuencia transnacional y el mundo de la gente normal son dos caras de una misma moneda; es más, se alimentan mutuamente. Aquello que creemos combatir fuera de nosotros se encuentra dentro de nosotros, en nuestra vida cotidiana, aunque no seamos conscientes de ello». (R. Scarpinatto, 2000) 

Desde donde se le quiera ver, esta es una situación que exige ser enfrentada de una manera más inteligente y compleja de cómo lo hemos venido haciendo. Implica también revisar la capacidad del Estado (nótese que no digo Gobierno), que como hemos asegurado y probado en otros escritos, ha sido debilitado por el ajuste estructural neoliberal y la corrupción de poderes de facto ligados al gran crimen organizado, que hoy amenazan a la democracia que se construye.

Durante las décadas de la posguerra fría, las organizaciones criminales transnacionales tendieron a explotar, progresivamente, la difusión mundial de sofisticadas redes financieras, de información, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y transporte. Los ingresos derivados del mercado mundial de las drogas experimentaron un salto tan grande que han dado a las organizaciones delictivas transnacionales una porción enorme de riqueza, y por lo tanto de poder global, mayor que la de los Estados y las multinacionales más grandes.

Las mafias y redes delictivas en América Latina expandieron la escala y el alcance de sus actividades. Para operaciones determinadas, constituyeron flexibles alianzas entre sí y con elementos violentos locales, remanentes de la posguerra y en el caso de El Salvador, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina, con los poderes facticos hoy desplazados del poder político, alentando complots contra gobiernos progresistas.

Por su parte, en el caso de las llamadas pandillas, nos enfrentamos a una suerte de lógica tribal que ha usurpado pequeños territorios marginados y excluidos por un Estado que se rediseño en función de viabilizar las nuevas formas de acumulación capitalista y se alejó de la gente. Estas estructuras criminales bastante primitivas, en el caso de El Salvador, son utilizadas para propagar el terror y la zozobra entre la población.

A través de las distintas formas de crimen organizado, se corrompen a los líderes políticos decadentes o corruptos, se infiltran en bancos y grandes empresas y financian a grupos como las pandillas, dotándolos de armas y en varios casos con pertrechos de guerra, para controlar extensas áreas geográficas, de carácter estratégico. Sus fuentes de ingresos son el narcotráfico, la trata de blancas y de niños, el fraude financiero, el chantaje y diversas formas de contrabando: drogas, humano, armas ilícitas y tecnologías militares convencionales.

El Salvador ha sido uno de sus territorios de expansión. La oligarquía ultraderechista necesitaba del apoyo de estas mafias, para poder meterse sin mucha desventaja a la transnacionalización de la economía. Hoy la utilizan para desestabilizar al gobierno del FMLN y fabricar la imagen de un «fracaso», pretendiendo con ello «recuperar» la conducción del Estado.

Ya lo han intentado por medio de ensombrecer las elecciones; lo han intentado haciendo que la Sala de lo Constitucional de la CSJ, legisle (una función que no le corresponde) y modifique la Constitución, para entrampar al Gobierno y a la A.L.; lo intentan por medio de un boicot económico, ahora lo intentan desacreditando nuestras políticas de seguridad y de otras maneras más peligrosas como usar a algunos personajes desafectos al FMLN para darle estatus de lucha legítima al accionar de las pandillas.

En El Salvador, todo esteaccionar para perturbar los propósitos y planes de buen gobierno del FMLN, eufemísticamente llamada «oposición democrática», redunda en una sistemática maquinación contra el Estado y está ligada a la realización de los ya conocidos «golpes blandos» o «silenciosos», hijos de una conspiración ultraconservadora desarrollada en América Latina, explicada por el politólogo norteamericano Gene Sharp (recordemos Paraguay y Honduras, y el fracaso en Ecuador, Bolivia y Venezuela) Ahora mismo, lo intentan en Brasil y Argentina.

La estrategia del llamado «golpe blando» tiene como primer paso generar malestar y zozobra (miedo) entre la población, para luego deslegitimar al gobierno con editoriales falsos y ataques en las redes sociales. La tercera y cuarta etapa, incluyen el calentamiento de las calles con las movilizaciones constantes de desafectos, para dar la impresión de que la nación está dividida, al mismo tiempo que los complotistas «llaman al dialogo» para ayudar a la unidad nacional, culminando con la fractura de la institucionalidad, hasta obligar a la renuncia del presidente, todo ello motivado por un aparente descontento ciudadano, y sin involucrar a las fuerzas castrenses.

Este modelo de “golpe blando” puesto en marcha contra los gobiernos progresistas de América Latina, cuenta con apoyo internacional. Por ejemplo: ya están en el país los dirigentes de la oposición golpista de Venezuela y los dirigentes del intento de golpe en Ecuador, asesorando a la ANEP.

Los fenómenos criminales del mercado y especialmente las prohibiciones penales que pretenden prevenirlos o erradicarlos, no se pueden analizar sin tomar en cuenta su dimensión económica. No se trata de caer en un reduccionismo economicista, sino de aproximarse a una criminalidad económica, vinculada a poderes de facto, que ya han activado sus resortes para aventurarse a ensayar estas nuevas modalidades de «golpes de estado».

La manipulación periodística y publicitaria de la opinión pública, que genera más terror que el propio crimen, es su instrumento principal de desestabilización fomentada por poderosas organizaciones de medios de información.

Debemos referirnos a ello como un movimiento reaccionario conspirativo, a nivel del subcontinente, que se promueve desde grupos de poder facticos asociados al crimen organizado, quienes llevan años consolidándose para realizar una suerte de contraofensiva de recuperación del poder a través de golpes de estado «silenciosos», e implantar nuevamente modelos de acumulación que han generado la violencia como parte sustancial de sociedades inequitativas e injustas. Una de las salidas para que el Estado no quede atrapado en estas redes, es construir y crear redes ciudadanas que fortalezcan la sociedad frente al complot de los poderes facticos y las mafias.

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Proposiciones sobre Desarrollo Sostenible

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Notas

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Paz Mundial, Financiamiento del Desarrollo e Indicadores Estadísticos

1. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ODS, pueden convertirse en una guía para la consecución de la paz en el mundo.
2. En un mundo globalizado la acción social en un continente afecta a los otros.
3. La dinámica del desarrollo del capitalismo mundial posibilita en la actualidad grandes cambios en el proceso de recuperación de la rentabilidad del capital y con ello la posibilidad de atenuar conflictos derivados de los excesos de expoliación del capital financiero por la vía de la regulación estatal y la negociación política.
4. La acelerada rotación del capital, que empieza y finaliza con su forma dinero rentabilizada, es en el mundo actual globalizado, más veloz. La velocidad de la rotación del capital genera una posibilidad de rentabilidad inercial, es decir, que es tan “natural”, constante e intensa, que así como aumenta de manera inercial las tensiones sociales propias de una creciente confrontación social antagónica entre la población y capital financiero, así también abre espacios democráticos para la negociación política y el desplazamiento de las confrontaciones antagónicas.
5. Partiendo de ello, de la rentabilidad del capital y de la confrontación social, ambas de manera inercial, se abren posibilidades de una “racionalidad inercial”. La racionalidad inercial tendría el propósito de atenuar la “violencia inercial” institucionalizada o no institucionalizada que acompañan los antagonismos entre el capital financiero y la población.
6. La “violencia inercial” tarde o temprano muestra que a nadie beneficia. El alto costo y el relativamente bajo beneficio económico y social que implica la confrontación social derivada de procesos de rentabilidad del capital financiero, se presenta como infructuoso, por las tensiones, acciones y confrontaciones sociales y políticas que genera a la par de inversiones improductivas. Para los negociantes de la violencia, como las grandes empresas que producen y venden productos bélicos el desarrollo tecnológico induce a la producción de armamento nuclear en "pequeña escala", pero que en cualquier escala que se use y produzca puede causar daños irreversibles para la humanidad.
7. Esa “inercia de confrontación social y rentabilidad del capital” abre un espacio para lograr una combinación de promoción de reivindicaciones sociales conjugadas contradictoriamente con regulaciones de la rentabilidad del capital financiero.
8. La combinación transitoria de reivindicación social con regulación del capital, puede atenuar y desplazar la confrontación social antagónica por medio del aumento en la satisfacción de las necesidades sociales y de manera paradójica con el aumento en la rentabilidad del capital, en espiral, de manera creciente.
9. Este planteamiento no es nuevo, ya lo realizó el siempre viejo y siempre joven, J. M. Keynes. Se amplía la demanda agregada, es decir se amplía el ingreso para producir y consumir los bienes que satisfacen las reivindicaciones sociales como condición necesaria para la rentabilidad del capital, en el corto plazo, y en espiral ascendente, reciclando el proceso para proceder en el largo plazo a mayores niveles de producción y consumo social y rentabilidad del capital financiero.
10. Es decir, se trata de desplazar en el largo plazo la confrontación antagónica entre sociedad y capital financiero, sin ignorarla, sino promoviendo una solución transitoria, democrática, posible y realista de la manera más permanente posible, pero partiendo esencialmente de reivindicar la posición democrática de elevar los niveles de vida, empleo y consumo de la mayoría de la población y de elevar la participación de los organismos estatales financieros en el financiamiento del desarrollo interno, propio, de las naciones cada vez menos periféricas, principalmente.

Evaristo Hernández

Julio del 2015

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Conductas nocivas en la Administración Pública

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Notas Iniciales

Sobre algunas conductas nocivas en la Administración Pública

No creo que los problemas que se observan en la administración pública salvadoreña sean exclusivos. Seguramente se presentan en todas las partes del planeta y en toda la historia del planeta.

De acuerdo a la experiencia, a la empiria, diría, he observado los siguientes comportamientos:

1. El embaucamiento. La sedimentación de prácticas viciosas, por ejemplo, de selección de personal para la administración pública, tiene un componente esencial en el embaucamiento de autoridades en la toma de decisiones arbitrarias con la finalidad de colocar a personas interesadas e interesantes para el embaucador en ciertos puestos públicos. O también para generar procesos de violación a la legislación por parte de la autoridad que toma la decisión propiciada por el embaucador.

2. El trámite engorroso. Utilizando ciertas posiciones de poder, como pertenencia a comisiones de selección de personal, se revisan arbitrariamente las hojas de vida de las personas y la repetición del proceso de selección es incesante hasta que “queda” la persona en la que se tiene interés. El trámite engorroso también se usa en contra de la autoridad que puede y debe decidir, complicando el funcionamiento eficiente de la institución, con excusas supuestamente de trámites establecidos jurídicamente.

3. La arbitrariedad. En la aplicación de normas de selección el argumento se utiliza para perjudicar al adversario aunque se cometa la falta por la misma persona o entidad que señala. Por ejemplo, señalar la imposibilidad de colocar familiares cercanos en la institución cuando la persona que lo señala tiene precisamente y procura tener, familiares cercanos en la institución.

4. La acusación mutua. Las personas y entidades cometen las mismas faltas, pero se acusan de ellas mutuamente. Y no importa cuanto tarde el proceso administrativo o de selección de personal, sino simplemente “salirse con la suya” es lo que importa.

5. La rigidez sesgada. Se es rígido en la aplicación de las normas que convienen. No interesa resolver el problema sino armar el problema. Por más argumentos que se señalen la rigidez sesgada impide llegar a acuerdos o soluciones porque la finalidad es crear desacuerdos y problemas.

6. La falsa moral. No se realizan directamente gestiones que se pueden realizar directamente por las personas interesadas. Y se cubren con un velo de “limpieza” comportamientos nada limpios, sino por el contrario, ensuciados por prácticas arbitrarias o al menos, no razonables o justificables.

7. La falsa prisa. Todo se necesita “para ayer”. Se “calientan” las propuestas en prolongadas esperas para presentarlas a última hora para que se tomen decisiones precipitadas y a favor de quienes retienen la toma de decisiones.

Estos son algunos de los comportamientos negativos en la administración pública.

Evaristo Hernández

2015 08

Ideas Revolucionarias

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RENACER EN LAS IDEAS REVOLUCIONARIAS

“Nuestra fortaleza no está en las armas, sino en

nuestras ideas y en la convicción de la victoria”

Fidel Castro.

Oscar A. Fernández O.

“No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de lograr, ni más peligroso de manejar que aventurarse a introducir nuevas instituciones; porque quien las ha introducido tiene como enemigos a todos aquellos que se beneficiaban con el viejo orden, y sólo tiene tibios defensores en aquellos que se benefician con el nuevo orden. La tibieza en ellos proviene por un lado del temor a los adversarios que tienen la legislación antigua de su parte, también por otro de la incredulidad de los hombres en las cosas nuevas si no ven ya realizada una experiencia segura”, sostiene N. Maquiavelo (El Príncipe: 1513)

En plena crisis económica, política, social, cultural y moral, sin ver todavía la luz al final del túnel, parece como si no hubiera otra alternativa que acatar las recetas de austeridad y desregulación que imponen las élites hegemónicas para los pueblos. Pero sí la hay, porque sin alternativa histórica sucumbiría la civilización.

Aunque las derechas neoliberales ortodoxas mantengan algún nivel de poder, en América Latina es indiscutible el avance de las fuerzas progresistas e izquierdistas en el contexto mismo de la democracia liberal. Es decir, que las fuerzas derechistas están perdiendo importantes cuotas del poder político porque ya no son capaces de sostener, a pesar de su insistencia, las enraizadas reglas de un sistema capitalista depredador y polarizante y por consiguiente la ilusión del desarrollo sobre la base del libre mercado.

Sin embargo, no olvidemos nunca que el capital, el capitalismo, los capitalistas son insaciables, y como experimentamos estos días, su voracidad no tiene límite, de forma que la única forma de defender nuestros derechos es luchar por ellos desde el primer día, pues el sometimiento sólo conduce a más explotación y peores condiciones de trabajo y de vida.

En las izquierdas, aunque tarde en algunos casos, hemos entendido que la fuerza de las armas y con que se actuó frente a las sanguinarias dictaduras en el pasado –lo cual fue lógico, necesario y razonado-, debe ser sustituido por la prevalencia de las ideas, la reflexión y el pluralismo, pues en las sociedades actuales coexisten otros intereses no hegemonistas que deben ser respetados, pero sin olvidar que la lucha en el capitalismo es en esencia una lucha de clases y no perder de vista nuestro compromiso histórico con la clase trabajadora.

Guste o no guste, dice Bobbio, las democracias suelen favorecer a los moderados y castigan a los extremistas (que no es lo mismo que radical, sostengo) Aunque, puede discutirse si esta realidad es políticamente incorrecta, en nuestras circunstancias hay que jugar con las reglas de la democracia liberal y saber que los resultados nos favorecerán si somos eficientes y logramos su profundización a través de un proceso, en el cual hemos de ser moderados cuando se requiera y radicales cuando las circunstancias, la estructura de los problemas y las acciones de nuestros contrarios lo determinen. Esto no quiere decir que nos constituyamos en una fuerza sin rumbo o de ocasión, pues nuestra estrategia apunta indefectiblemente a la construcción de una nación cualitativamente superior en su calidad de vida, una nación socialista.

En el caso salvadoreño, el FMLN ha intensificado la batalla política para reafirmar sus principios revolucionarios al mismo tiempo que continúa promoviendo el rescate popular de la democracia y la Constitución, aunque éstas respondan hoy a los intereses de una oligarquía propietaria contrainsurgente, que desprecia los principios liberales con que fueron creadas. Nuestra lucha es convertirlas en instrumento de desarrollo de la lucha popular.

Refinamos nuestra maquinaria partidaria para continuar agitando con nuevos bríos, las históricas banderas por la defensa de los derechos de los pueblos, la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y el internacionalismo con los pueblos del mundo.

Las derechas nos inducen a olvidar el deber original del Estado producto de un contrato social, al que consideran un vicio y una carga y que en cambio, nos dejemos guiar por el mercado. Las izquierdas convertidas en partidos electorales, se habían limitado a denunciar abusos y hablar en nombre de un pueblo que ha comenzado a recuperar su propia voz, pero que aún no logra modificar la cultura de desigualdad que caracteriza a la oligarquía económico-política rectora del sistema social, más allá de un mínimo cambio a favor de sus más elementales derechos.

En la actualidad, uno de los primeros signos de renovación en el pensamiento clásico de las izquierdas revolucionarias, debe ser reconocer el resurgimiento de los actores sociales en la lucha política, campo reservado exclusivamente a los partidos políticos. El siguiente paso es entender que los sectores populares, sobretodo los más desprotegidos, no se plantean un alzamiento contra la dominación, el derrocamiento de un régimen o la construcción de un socialismo de manual, sino más bien reclaman una vida con dignidad y el desarrollo de su cultura frente a un orden institucional que ya resulta ineficaz y muchas veces, represivo al no apoyar las reivindicaciones de igualdad y solidaridad.

Resulta relativamente fácil identificar a nuestros enemigos cuando ellos adoptan un programa político de choque o represión a cara descubierta, como en las décadas pasadas. Pero el asunto se complica notablemente cuando los sectores de poder tradicional intentan neutralizar al campo popular apelando discursivamente a una simbología "progresista".

Desde los fracasos de su propia estructura, el aggiornamento neoliberal, por ejemplo, revalorizó el papel del Estado y por ende, una mayor intervención pública con fines distributivos, óptica ésta que sugiere un distanciamiento de la ortodoxia. Sin embargo, al mismo tiempo se aboga por una intervención moderada, “amistosa con el mercado” y más aún se auspicia la generalización de criterios y mecanismos del mercado en El Estado, incluso en servicios públicos como salud y educación por ejemplo, en los procedimientos de asignación de recursos estatales o el arancelamiento de varias prestaciones. “Se trata de una intervención mercantilizada” (Ana M. Ezcurra: 1998)

Frente a planteamientos y acciones como estos, y a pesar de atravesar la más grande crisis económica del capitalismo, navegar en el tormentoso océano de la lucha de clases se vuelve más complejo y delicado. Por tanto, la consideración principal de las izquierdas políticas es cambiar la lógica de la defensa de los derechos sociales desde la institucionalidad actual por la lógica del movimiento social, pasando de la respuesta contestataria a la creación de un espacio político que reconozca que los conflictos sociales son parte de la construcción y el desarrollo de la democracia, la justicia, la igualdad y la equidad en el reparto de la riqueza. Por lo tanto, hay que trabajar para la convergencia de toda una serie de experiencias y de corrientes sociales y políticos progresistas, sobre la base de una comprensión común de los acontecimientos y de las tareas que exigen los nuevos tiempos.

Se trata de construir los cambios que, insisto, nos llevarán por la senda del proyecto socialista salvadoreño, a través de una reeditada revolución. "La revolución, decía Trotski, es un momento de sublime inspiración de la historia". Esa "inspiración" surge de la ruptura, de la discontinuidad o, volviendo a la terminología acuñada por el propio Lenin, surge de esa crisis nacional que representa "un momento de verdad política y actúa como un revelador de las líneas de frente desdibujadas por las alucinaciones místicas de la mercancía”. (¿Qué Hacer?; Cap. III; 1902)

Entonces solamente, y no en virtud de una inevitable maduración histórica, el proletariado puede ser transfigurado y “convertirse en lo que es" El mundo camina hacia nuevas experiencias de las que será necesario aprender y que pueden revestir incluso un carácter fundador desde el punto de vista de la estrategia revolucionaria para el nuevo siglo (L. Rabell: 2007)

La globalización no significa la superación de las leyes y contradicciones propias del capitalismo tal como las descubrió Marx, sino más bien su verificación a escala planetaria y, en ese sentido, inédita. El capitalismo trata de hacer del mundo entero y de la propia naturaleza una mercancía. Pero el motor del desenfreno mercantilista –y de la barbarie que lo acompaña– sigue siendo la lucha incesante del capital por nuevas y más brutales formas de acumulación de riquezas, inscritas en su propia composición orgánica.

Ante el fracaso del sueño neoliberal, los últimos acontecimientos sociales y las urnas nos demuestran la existencia de una cada vez menos difusa y evidente aparición de lo que podríamos llamar izquierda social, que reclama equidad y mayor democracia. Esta expresión anti neoliberal ha sido ignorada por el poder fáctico pero cuenta sin embargo, con un apoyo cada vez mayor de las izquierdas políticas, sobretodo del FMLN. No obstante, si se pretende que tal acercamiento funcione, es inequívoco que el partido no debe vulnerar la autonomía de pensamiento y acción naturalmente democrática de las fuerzas sociales, que ya nos demuestran su capacidad para defender derechos propios y hacer propuestas inteligentes. La encarnizada propaganda derechista para desfigurar esta expresión democrática y el carácter de un nuevo gobierno de cambios, también está fracasando frente a los hechos. El pueblo ha comenzado a tener su propia voz, y eso hay que defenderlo y alentarlo siempre.

La situación no se aleja mucho de lo que predijo Marx hace dos siglos. Las crisis del capitalismo son cada vez más profundas y más difíciles de superar. La concentración del capital, la economía especulativa, la explotación de la clase trabajadora, el agotamiento de los recursos naturales son problemas que no pueden solucionar los llamados eufemísticamente “mercados”. La única y urgente solución es poner la economía al servicio de las personas, democratizarla, es decir, lo que se ha denominado socialismo.

El deber es entonces defender e impulsar la lucha por todas las reformas en las que se interesa el movimiento de masas. No porque confiemos en la paulatina regeneración de un sistema en decadencia, sino porque brindan la oportunidad a los trabajadores de probar sus fuerzas, lograr victorias que las tensen y desarrollar la confianza para fijarse objetivos mayores, con nuevos bríos e ideas frescas y lúcidas.

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Seguridad y Comunidad

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SEGURIDAD PÚBLICA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Oscar A. Fernández O.

Emprender un sistema de políticas de seguridad pública desde la izquierda gobernante conlleva, por definición, su carácter integral, es decir, la búsqueda de un equilibrio entre el derecho a la seguridad colectiva y el derecho a la libertad de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, la actuación sobre las causas sociales que generan la delincuencia y la inseguridad ciudadana y no sólo sobre los efectos y las consecuencias. No pueden existir políticas de seguridad eficaces sino se erradica la pobreza con su extrema desigualdad, el solapamiento de organizaciones mafiosas relacionadas con las oligarquías capitalistas y el poder político, la corrupción, el desempleo, el machismo, la discriminación, el odio a las minorías sexuales y la exclusión social; si no se ponen en marcha políticas integrales de salud, alimentación, empleo, educación integral y protección social.

Pero además, resultará muy difícil que dichas políticas de seguridad pública sean realmente efectivas, si la ciudadanía no las hace propias y ayuda a su impulso.La participación de la comunidad en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de seguridad es una de las claves del prototipo de la seguridad democrática, y también uno de sus mayores desafíos.

En los últimos años, nuevos fenómenos y realidades sociales emergen en una sociedad cada vez más compleja fruto de su propio desenvolvimiento y que viene determinado por las políticas neoliberales y su modelo económico, que reduce el aporte social del Estado y dificultan las inclusión social; la creciente desigualdad, que propicia espacios para el desarrollo de la delincuencia a escala global y local, y contribuye a la aparición de nuevas conductas delictivas, unas vinculadas a la criminalidad económica y financiera (lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, redes de corrupción, etc.) y otros a la irrupción de algunas mafias, pandillas criminales y de delincuencia internacionales, mucho más violentas y con nuevas tipologías en sus métodos de actuación; el incremento de detenidos en las prisiones, que no reduce el número de delitos, sino al contrario traslada la violencia a las cárceles y produce mayor violación de derechos.

En estas circunstancias, las llamadas políticas transversales de inclusión social y de prevención para unos servicios públicos de calidad y reducción de los factores de riesgo; deben incluir la política de vivienda social y la acción integral en las comunidades de riesgo; la estrategia preventiva que aborde la educación y la formación; la extensión y calificación de la educación; el acceso a la salud pública; el desarrollo de los municipios; etc.

Estas acciones deben ser complementarias a las imprescindibles acciones policiales y de la justicia penal, más orientadas a resarcir los daños producidos que a la punición, en el mejor estilo de venganza social, como suele establecerse. Así, la acción policial y penal no es incompatible con acciones preventivas, ni con la protección de los derechos individuales y colectivos.

La experiencia nos dice que el incremento de detenidos en las prisiones no ha logrado reducir el número de hechos delictivos, por eso se precisa de políticas públicas transversales de inclusión social y de prevención, además de facilitar servicios públicos de calidad, para reducirlos factores de riesgo social.

Trabajar, sin embargo, la inseguridad de los ciudadanos sólo desde la prevención de los factores de riesgo sería no solamente insuficiente sino también un error. Por ello, es imprescindible un cuerpo policial próximo al territorio y a los ciudadanos, con una formación especializada, para hacer frente con profesionalidad y validez a las diferentes expresiones delictivas que se producen y las variadas formas de conflictos entre las personas.

Para lograr un cambio favorable en la reducción de la violencia se vuelve necesario: Trabajar en la organización local del pueblo, en función de la defensa de sus intereses y con una perspectiva de reparación del tejido social, cambiando la cultura del excesivo individualismo y el consumismo, por la cultura de la solidaridad, la moderación y la convivencia pacífica. Fortalecer la institucionalidad de la Justicia y la Seguridad, con una pretensión de progreso desde el Estado, como componente principal presente en todo el territorio nacional, que además de promover el desarrollo, sea próximo a las necesidades de las personas.

Calcular científicamente un ratio adecuado del número de policías por c/1000 habitantes y pasar completamente de la policía de organización central a la policía de despliegue territorial.

Diseñar el modelo de seguridad pública integral e integrado, que incorpore la vertiente territorial desde el Ministerio de Gobernación y Desarrollo territorial, además de los Ministerios de Salud Pública, Educación, Vivienda y se coordine con los diferentes grupos operativos. En este sentido, el objetivo es que los servicios del Estado lleguen a todas las personas de manera expedita y con eficacia.

Que a pesar del alto grado de conflictividad que presenta la violencia criminal en el país, lo que exige medidas de fuerza más categóricas, no se abandone la puesta en marcha de la Policía Comunitaria, que requiere una reestructuración de la Institución policial y el desarrollo de una conciencia y actitud de trabajo junto a la gente.

Crear un modelo basado en la efectividad policial por encima de las especificadades corporativas, un modelo policial integrado más eficaz que contribuya a sumar esfuerzos, que favorezca la coordinación y cooperación policial y que responda a la demanda de la ciudadanía de la seguridad como un servicio público de calidad.

Desde esa perspectiva se proponen las siguientes acciones: impulsar la creación, la formación y la organización de voluntariado civil para llevar a cabo tareas de apoyo a los grupos actuantes y operativos en la prevención y la actuación ante las situaciones de riesgo y / o de emergencia; establecer o mejorar los órganos de coordinación del Gobierno central con los gobiernos locales, especialmente en las grandes ciudades.

Un régimen de Seguridad Pública que establezca directrices y políticas a desarrollar, a partir de la solución de conflictos, las actuaciones y los medios en materia de seguridad, emergencias y seguridad vial.

El rediseño de un plan de carrera profesional que recoja todos los grados del escalafón de la policía, con homologación de las correspondientes titulaciones académicas (Proyecto del Instituto Superior de Estudios Policiales - ANSP) Hacer énfasis en la especialización científica policial. El método de enseñanza principal debe basarse en los protocolos de actuación en todas las especialidades policiales, primando en la formación inicial, el del patrullaje preventivo y la intervención primaria.

Reforzar la capacidad interventora, fiscalizadora y sancionadora de la nueva Inspectoría General, que vele por el cumplimiento de la normativa y la calidad de los procedimientos policiales, en relación al posible abuso de fuerza y la arbitrariedad.

La reestructuración y desburocratización de la Policía, redistribuyendo de manera adecuada y científica la plantilla policial en todo el territorio, insertando verdaderamente a la policía en la comunidad para que se empape de su cultura, sus vivencias y problemas, con el propósito de intervenir proactivamente en la resolución de conflictos menores y evitar el agravamiento de estos, manteniendo en conjunto, la tranquilidad y la normalidad en la vida vecinal.

Mejorar las condiciones laborales y salariales para los efectivos policiales, con especial atención a los del nivel básico, promoviendo además el efectivo compromiso con la República y principalmente con la gente, a través de la formación de una conciencia que se identifique permanentemente con el cumplimiento del deber, la ética y la protección de las personas, especialmente de las más vulnerables.

Finalmente, cualquier iniciativa de abordaje del problema de la seguridad requiere de la decisión política de gestar cambios estructurales en la sociedad que se traduzcan en políticas concretas de inclusión social, esfuerzos sostenidos para disminuir la desigualdad económica, políticas de Estado para la lucha contra el narcotráfico, abordajes específicos para el problema de las adicciones y enfrentar sin remilgos la corrupción y la criminalidad asociada al poder, entre otros.

También se necesita del perseverante interés de los ciudadanos por construir comunidad, apropiándose del espacio público en el que se desenvuelve su vida cotidiana y evitando dejar vacantes espacios de soberanía que pueden ser ocupados por la ilegalidad. Sólo entonces el compromiso de la comunidad será puesto en valor y su potencialidad se desplegará en todas sus posibilidades. De lo contrario, la participación comunitaria corre el riesgo de quedar en una experiencia simplemente interesante para el difícil caminar de nuestras inmaduras democracias.

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