POLICÍA NACIONAL CIVIL:
LA IMPERIOSA NECESIDAD DE LA ETICA Y LA PROBIDAD
“Feliz quien pudo conocer las causas de las cosas”
Virgilio
(Geórgicas II)
Oscar A. Fernández.
Señales características como la descarada injerencia política de la derecha en la Policía Nacional Civil, la corrupción en la que incurren una gran cantidad de funcionarios policiales, el militarismo como filosofía y cultura, los bajos salarios incompatibles con el altísimo costo de la vida, la falta de seguridad social en condiciones de trabajo muchas veces miserables e insalubres, un nivel educativo bajo, en el que sólo un pequeño porcentaje tiene grado universitario, retratan de primas a primeras el lamentable estado de nuestra corporación policial.
Cuando la mayoría de estos policías no pueden practicar su derecho de protestar frente a las cada vez más comunes injusticias de los “altos jefes”; cuando constantemente son separados de sus familias por largo tiempo en nombre del “sagrado cumplimiento del deber”; cuando son amenazados con sanciones disciplinarias y “depuraciones” antojadizas, cuando la Academia es incapaz de prepararlos para resolver problemas y manejar conflictos, cuando desde su calidad de aspirantes son humillados por patanes y sádicos autodenominados jefes e instructores, cuando la misma institución que los forma no aplica los instrumentos de filtro establecidos desde que creamos la ANSP, cuando se les enseña en la práctica a violar derechos para ser “eficaces” frente al delito, cuando un jefe superior nunca les dio oportunidad para hablar de sus problemas personales, cuando sus propios derechos humanos son violados con impunidad, ¿qué podemos esperar, si no un policía que sin duda, va a desahogar esa mezcla de frustración e ira contra los ciudadanos.
Las causas de esta problemática son, por un lado, las condiciones socioeconómicas en que tiene lugar el trabajo de la policía; por otro, déficit organizativos, tales como la atomización de la policía en un gran número de unidades especiales y controles (internos y externos) muy débil, y la más decisiva la ausencia de un liderazgo, pensante, probo y efectivo.
Hoy, una vez más, en otro despliegue propagandístico las autoridades de seguridad pública y del partido en el gobierno, pugnan por quemar en la hoguera a los policías malos, como si estos por último, no fueran solo el reflejo de una desastrosa gestión policial, agudizada los últimos siete años. Sin preocuparse por los valores y las condicionantes que enaltecen la conducta humana, nuevamente en el pequeño horizonte de su discernimiento, frente al problema de conducción estratégica y falta de profesionalismo policial, ofrecen castigos y penas que se aplicarán rigoristamente en la mayoría de los casos, contra los de “abajo”, cuando la responsabilidad de conducción y prevención está en los de “arriba”.
Cierto es que la ley exige individualizar las faltas o delitos y que las normas son necesarias para el buen desempeño policial, pero igualmente cierto es que los hechos no son aislados o descontextualizados, producto de la generación espontánea o de la maldad de los individuos, sin un marco social e institucional en cuyo ámbito se producen o reproducen. Aquello que ocasiona o contribuye a que aparezcan delitos o conductas violentas dentro de la PNC pocas veces sucede en total aislamiento. Cuando un “factor” aparece, generalmente está conectado con otros. En este caso, la que está cada vez más enferma es la institución policial y el fracaso reside en la pésima gestión de seguridad pública y del subsistema de justicia penal en el país, tan cercanos al fanatismo fascista, y tan lejanos del Estado de Derecho.
La dimensión ética de la función policial debe ser traducida en un sistema normativo de deberes y compromisos de obligado cumplimiento. Este sistema tiene por finalidad explicitar e interiorizar en todos los funcionarios policiales los ideales, principios y valores que deben orientar sus actuaciones. Por tal motivo, se constituye en un “punto de fusión” y de “encuentro reflexivo” entre los intereses particulares y los de la institución. Este sistema de valores, es el faro que debe iluminar el desempeño de todo el personal de la institución. Se trata de un paso de madurez, de respeto y compromiso con la profesión policial y con la sociedad. Sus contenidos serán el pilar fundamental que sustente el rescate de la Policía de manos de la ilegitimidad y la ilegalidad en que ha caído.
El modelo bajo el cual deberían desarrollarse las Normas de Ética Profesional de la Policía Nacional Civil, ha de considerar los siguientes fundamentos esenciales:
Reconocimiento de que la función policial es un servicio público, establecido para dar eficacia al Derecho y garantizar la seguridad pública, mediante la prevención y la investigación criminalística de los delitos; la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas, y los tratados internacionales que de aquí se conciben e implementan; la firme sustentación de la concepción humanista interiorizada por nuestra sociedad y el sistema democrático que estamos obligados a construir; la definición de un patrón de valores objetivos para la conducta, tanto profesional como individual, de todo el personal de la institución; una expresión del crecimiento profesional y ético que está obligada la corporación policial a alcanzar, pues en esta materia tiene una gran deuda pendiente.
La Ética Profesional de la Policía Nacional Civil ha de reflejar fielmente los valores y principios de una sólida Ética Policial, cuyos contenidos están orientados a promover el servicio público, el bien común y el desarrollo de la sociedad mediante la seguridad y la justicia.
En virtud de ello, es posible señalar que la ética en la Policía ha de fundamentarse en la ética Pública, cuyo valor fundamental es la probidad; la ética Social, es decir, aquellos valores que promueven la convivencia social armoniosa, solidaria y pacífica; y los sistemas ético-normativos de carácter universal.
Para la Policía Nacional Civil, por lo tanto, una labor policial ética y lícita se basa en el cumplimiento de cuatro principios básicos: el respeto de la dignidad de las personas, el respeto y la protección de los derechos humanos, el respeto y cumplimiento de la ley y el respeto a su propia calidad humana y profesional.
En síntesis, la misión de la Policía debe ir en dirección de la verdad y la justicia, en el marco de la libertad y la responsabilidad. Aquí radica la legitimidad social de toda actividad policial.
Es por ello que desde la llamada Ética Policial Aplicada, la misión de los funcionarios de la institución en la sociedad debe ser concebida como una función de servicio público.
Una institución policial existe para servir a todos los ciudadanos sin distinciones ni discriminaciones y contribuir al desarrollo integral de la sociedad, en el marco de la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Para ello, los policías - en su calidad de funcionarios públicos - nunca deben utilizar sus cargos para lograr beneficios propios o particulares. Esta es la principal cualidad de una ética pública y, consecuentemente, de la ética policial. Como institución del Estado, la Policía Nacional Civil de El Salvador, debe considerar el bien común como su prioridad y como un valor esencial.
La acción policial preventiva e investigativa de los delitos debe ser considerada como un medio que busca fines superiores, como la justicia y la paz. Para ello, es necesario que la labor policial ayude a fortalecer la confianza entre sus integrantes y la sociedad, con el fin de contribuir a la cohesión social, base de la democracia, de la participación ciudadana y de la convivencia social. El policía, al ejercer una función pública, adquiere una responsabilidad social que es inherente a su misión, motivo por el cual debe estar orientada por los valores de la Ética Social, como la veracidad, la honestidad, la solidaridad y la reciprocidad, entre otros.
El policía no es un ser aislado, es parte activa de la sociedad.
Debe entender, entonces, que su actividad profesional tiene un marcado componente social, directamente relacionado con el incremento de la calidad de vida de las personas, a través de la promoción de la seguridad y la colaboración con el sistema de administración de justicia. La función policial debe promover la humanización de ella misma y de la sociedad. Esto sólo es posible, si cada persona es plenamente valorada y respetada en su dignidad y en sus derechos, y en la medida en que se reconoce su condición de ser social que sólo logra su realización más plena con el otro y a través del otro, en comunidad.
LA IMPERIOSA NECESIDAD DE LA ETICA Y LA PROBIDAD
“Feliz quien pudo conocer las causas de las cosas”
Virgilio
(Geórgicas II)
Oscar A. Fernández.
Señales características como la descarada injerencia política de la derecha en la Policía Nacional Civil, la corrupción en la que incurren una gran cantidad de funcionarios policiales, el militarismo como filosofía y cultura, los bajos salarios incompatibles con el altísimo costo de la vida, la falta de seguridad social en condiciones de trabajo muchas veces miserables e insalubres, un nivel educativo bajo, en el que sólo un pequeño porcentaje tiene grado universitario, retratan de primas a primeras el lamentable estado de nuestra corporación policial.
Cuando la mayoría de estos policías no pueden practicar su derecho de protestar frente a las cada vez más comunes injusticias de los “altos jefes”; cuando constantemente son separados de sus familias por largo tiempo en nombre del “sagrado cumplimiento del deber”; cuando son amenazados con sanciones disciplinarias y “depuraciones” antojadizas, cuando la Academia es incapaz de prepararlos para resolver problemas y manejar conflictos, cuando desde su calidad de aspirantes son humillados por patanes y sádicos autodenominados jefes e instructores, cuando la misma institución que los forma no aplica los instrumentos de filtro establecidos desde que creamos la ANSP, cuando se les enseña en la práctica a violar derechos para ser “eficaces” frente al delito, cuando un jefe superior nunca les dio oportunidad para hablar de sus problemas personales, cuando sus propios derechos humanos son violados con impunidad, ¿qué podemos esperar, si no un policía que sin duda, va a desahogar esa mezcla de frustración e ira contra los ciudadanos.
Las causas de esta problemática son, por un lado, las condiciones socioeconómicas en que tiene lugar el trabajo de la policía; por otro, déficit organizativos, tales como la atomización de la policía en un gran número de unidades especiales y controles (internos y externos) muy débil, y la más decisiva la ausencia de un liderazgo, pensante, probo y efectivo.
Hoy, una vez más, en otro despliegue propagandístico las autoridades de seguridad pública y del partido en el gobierno, pugnan por quemar en la hoguera a los policías malos, como si estos por último, no fueran solo el reflejo de una desastrosa gestión policial, agudizada los últimos siete años. Sin preocuparse por los valores y las condicionantes que enaltecen la conducta humana, nuevamente en el pequeño horizonte de su discernimiento, frente al problema de conducción estratégica y falta de profesionalismo policial, ofrecen castigos y penas que se aplicarán rigoristamente en la mayoría de los casos, contra los de “abajo”, cuando la responsabilidad de conducción y prevención está en los de “arriba”.
Cierto es que la ley exige individualizar las faltas o delitos y que las normas son necesarias para el buen desempeño policial, pero igualmente cierto es que los hechos no son aislados o descontextualizados, producto de la generación espontánea o de la maldad de los individuos, sin un marco social e institucional en cuyo ámbito se producen o reproducen. Aquello que ocasiona o contribuye a que aparezcan delitos o conductas violentas dentro de la PNC pocas veces sucede en total aislamiento. Cuando un “factor” aparece, generalmente está conectado con otros. En este caso, la que está cada vez más enferma es la institución policial y el fracaso reside en la pésima gestión de seguridad pública y del subsistema de justicia penal en el país, tan cercanos al fanatismo fascista, y tan lejanos del Estado de Derecho.
La dimensión ética de la función policial debe ser traducida en un sistema normativo de deberes y compromisos de obligado cumplimiento. Este sistema tiene por finalidad explicitar e interiorizar en todos los funcionarios policiales los ideales, principios y valores que deben orientar sus actuaciones. Por tal motivo, se constituye en un “punto de fusión” y de “encuentro reflexivo” entre los intereses particulares y los de la institución. Este sistema de valores, es el faro que debe iluminar el desempeño de todo el personal de la institución. Se trata de un paso de madurez, de respeto y compromiso con la profesión policial y con la sociedad. Sus contenidos serán el pilar fundamental que sustente el rescate de la Policía de manos de la ilegitimidad y la ilegalidad en que ha caído.
El modelo bajo el cual deberían desarrollarse las Normas de Ética Profesional de la Policía Nacional Civil, ha de considerar los siguientes fundamentos esenciales:
Reconocimiento de que la función policial es un servicio público, establecido para dar eficacia al Derecho y garantizar la seguridad pública, mediante la prevención y la investigación criminalística de los delitos; la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas, y los tratados internacionales que de aquí se conciben e implementan; la firme sustentación de la concepción humanista interiorizada por nuestra sociedad y el sistema democrático que estamos obligados a construir; la definición de un patrón de valores objetivos para la conducta, tanto profesional como individual, de todo el personal de la institución; una expresión del crecimiento profesional y ético que está obligada la corporación policial a alcanzar, pues en esta materia tiene una gran deuda pendiente.
La Ética Profesional de la Policía Nacional Civil ha de reflejar fielmente los valores y principios de una sólida Ética Policial, cuyos contenidos están orientados a promover el servicio público, el bien común y el desarrollo de la sociedad mediante la seguridad y la justicia.
En virtud de ello, es posible señalar que la ética en la Policía ha de fundamentarse en la ética Pública, cuyo valor fundamental es la probidad; la ética Social, es decir, aquellos valores que promueven la convivencia social armoniosa, solidaria y pacífica; y los sistemas ético-normativos de carácter universal.
Para la Policía Nacional Civil, por lo tanto, una labor policial ética y lícita se basa en el cumplimiento de cuatro principios básicos: el respeto de la dignidad de las personas, el respeto y la protección de los derechos humanos, el respeto y cumplimiento de la ley y el respeto a su propia calidad humana y profesional.
En síntesis, la misión de la Policía debe ir en dirección de la verdad y la justicia, en el marco de la libertad y la responsabilidad. Aquí radica la legitimidad social de toda actividad policial.
Es por ello que desde la llamada Ética Policial Aplicada, la misión de los funcionarios de la institución en la sociedad debe ser concebida como una función de servicio público.
Una institución policial existe para servir a todos los ciudadanos sin distinciones ni discriminaciones y contribuir al desarrollo integral de la sociedad, en el marco de la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Para ello, los policías - en su calidad de funcionarios públicos - nunca deben utilizar sus cargos para lograr beneficios propios o particulares. Esta es la principal cualidad de una ética pública y, consecuentemente, de la ética policial. Como institución del Estado, la Policía Nacional Civil de El Salvador, debe considerar el bien común como su prioridad y como un valor esencial.
La acción policial preventiva e investigativa de los delitos debe ser considerada como un medio que busca fines superiores, como la justicia y la paz. Para ello, es necesario que la labor policial ayude a fortalecer la confianza entre sus integrantes y la sociedad, con el fin de contribuir a la cohesión social, base de la democracia, de la participación ciudadana y de la convivencia social. El policía, al ejercer una función pública, adquiere una responsabilidad social que es inherente a su misión, motivo por el cual debe estar orientada por los valores de la Ética Social, como la veracidad, la honestidad, la solidaridad y la reciprocidad, entre otros.
El policía no es un ser aislado, es parte activa de la sociedad.
Debe entender, entonces, que su actividad profesional tiene un marcado componente social, directamente relacionado con el incremento de la calidad de vida de las personas, a través de la promoción de la seguridad y la colaboración con el sistema de administración de justicia. La función policial debe promover la humanización de ella misma y de la sociedad. Esto sólo es posible, si cada persona es plenamente valorada y respetada en su dignidad y en sus derechos, y en la medida en que se reconoce su condición de ser social que sólo logra su realización más plena con el otro y a través del otro, en comunidad.
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